Tuxtla Gutiérrrez.- Indígenas tsotsiles de la comunidad Shulvó municipio de Zinacantán en la región Altos siguen en pié de lucha, viven en situación de desplazamiento forzado desde el 19 de diciembre del 215, la exigencia de justicia ha sido permanente pero no han encontrado solución.
El abogado defensor Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik de San Cristóbal de las Casas, fueron desplazadas por los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de su comunidad por ser las víctimas adherentes de La Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
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Sin embargo, las familias indígenas continúan en pie de lucha, su reclamo se ha escuchado en el país y ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la exigencia es muy puntual.
En vísperas de cumplir cuatro años de exilio, la demanda al estado mexicano son garantías para el retorno a sus hogares en condiciones dignas y seguras o reubicación en esas mismas condiciones, protección, reparación del daño, abasto alimentario.
En diciembre del año pasado la LXVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para solicitar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas la atención integral al desplazamiento forzado, casi se cumple un año de la petición de los legisladores.
El grupo de desplazados es numeroso, el ejido Cintalapa municipio de Ocosingo son 12 familias con un total de 39 indígenas tzeltales, desplazados el 6 de marzo de 2009; del ejido Tenango municipio de Ocosingo son 71 tzeltales, desplazados el 23 de enero de 2015; del paraje Sulvó municipio de Zinacantán, son 16 tzotziles, desplazados el 9 de diciembre de 2015, y del ejido Puebla municipio de Chenalhó, son 254 tzotziles, desplazados en 2015.