Jóvenes Deconstruyendo el Futuro

Para María, los tres mil 600 pesos que cada mes recibe del gobierno federal representa más que un estímulo económico; es una oportunidad laboral en vísperas de egresar de la universidad, no obstante, termine como una simple auxiliar. Otros no pueden decir lo mismo, pues el “moche” que su tutor les pide equivale a una denuncia que es cuento de nunca acabar. Para cuentos el de Jorge, quien tiene vacantes disponibles y está cansado de esperar que alguien las quiera ocupar. Antonia quisiera entrar, pero por ser madre no puede aplicar.

Bastaron menos de seis meses para que Jóvenes Construyendo el Futuro, programa con el que esta administración pretende activar a las personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan, desnudara la realidad del mercado laboral estatal y de la nueva forma de gobernar.

María asiste de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde a las oficinas de un medio de comunicación que tiene su sede en Tuxtla Gutiérrez. Cursa los últimos semestres de Administración de Empresas. Recibe la beca a pesar de estudiar.

Esta iniciativa beneficia a jóvenes con un apoyo mensual de tres mil 600 pesos y alta gratuita en el Seguro Social, a cambio de acudir cinco días a la semana durante cinco u ocho horas por un año a una empresa, asociación civil, dependencia pública o persona física con actividad empresarial.

Está prohibido que este esquema beneficie a quienes estudien o sea empleados. La Clave Única del Registro de Población (CURP) permite detectar si cae en alguno de esos supuestos. El problema es que al llenarse el formato de incorporación puede cambiarse la información, dice el coordinador de esa estrategia en Chiapas, Francisco Martínez García.

Eso explica en parte las 103 mil vinculaciones de aprendices que la entidad suma hasta el momento -Chiapas ocupa el primer lugar en la materia- y la razón por la que el estado no sólo cumplió, sino también superó su expectativa anual de cien mil colocaciones.

Aún hay más. Pese a su escolaridad, María está ocupada como una auxiliar de subgerencia que en la práctica dedica la mayor parte de su tiempo únicamente a marcar y contestar el teléfono.

-¿Parece que el objetivo del proyecto es activar por activar? -fue la pregunta a Martínez García.

El objetivo es la formación y/o explotación de capacidades, aunque en la práctica también es mover a las masas. De una u otra forma, el impacto es importante. Hay gente a quienes esos tres mil 600 pesos les cambia la vida, como a quienes cuentan con licenciaturas con poca demanda como Antropología e Historia, o para quienes sólo tienen dinero para comer.

Cinco becarios del programa están adscritos a la sede de una cámara empresarial ubicada en Tuxtla Gutiérrez. Tienen el mismo horario que María. La directora del sitio, Daniela, informa que los jóvenes efectúan “cuestiones básicas administrativas”, y asegura que para la organización ingresar a la iniciativa como empleador fue relativamente fácil. Dos sesiones de capacitación más el respectivo trámite y listo. Está contenta con su desempeño.

Las únicas obligaciones de la cámara con los beneficiarios -asevera- es asignarlos a las tareas prestablecidas, examinarlos mensualmente y subir los resultados de esas evaluaciones en la página en internet del programa. Los fondos que el aprendiz -también evalúa mes con mes al empleador- recibe es de la Federación. Para ambos casi todas las gestiones son digitales.

“Hay algunas restricciones: no van a barrer, no van a limpiar, no los vas a poner en riesgo, no ocuparlos en actividades del giro industrial por cuestiones de seguridad (…)”, detalla.

-¿El empleador también debe otorgar un incentivo económico? Aunque sea de manera indirecta, el becario también contribuye a la producción del negocio -fue la interrogante a Martínez García.

Si gusta puede hacerlo, mas no es una obligación. La petición es que la encomienda sea llevada a cabo en un centro, o bien proveer los medios en caso de desplazamiento.

En el sistema dual profesional alemán, uno de los modelos más exitosos de formación de aprendices en el mundo, los aspirantes no sólo tienen un salario, también firman un contrato y están a cargo de tutores que están capacitados para fungir como tal.

Condescendencia es la que Antonia quiere. Ella, que apenas cumple la mayoría de edad, alega en la pequeña, acalorada y aglomerada oficina que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene en el tercer piso del Palacio Federal en Tuxtla Gutiérrez, en el módulo de atención de la estrategia, ad hoc con la austeridad republicana sexenal. Pudo contactar a un empleador, aunque rechazó la oferta: no tiene con quién dejar a su pequeño hijo y el futuro patrón rechazó modificar el horario.

-¿Este esquema toma en cuenta la equidad de género? Una joven madre no pudo ocuparse porque para ella es complicado cumplir el horario -fue el cuestionamiento a Martínez García.

Si el horario es complicado la invitación es no tomar la opción. Tampoco podemos disponer sobre el esquema laboral de cada empleador, de flexibilidades o tolerancias, porque también buscamos la formación laboral.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en el estado habitan 1.8 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales 973 mil (52 por ciento) fueron víctima al menos una vez de algún tipo de violencia, de ellas 1.1 por ciento fue discriminada en el trabajo.

Jorge tampoco es afortunado. Él, responsable del área de producción audiovisual de un medio de comunicación que transmite desde Tuxtla Gutiérrez, desea aprovechar Jóvenes Construyendo el Futuro para cubrir las vacantes que existen en su área. Solicita editores o asistentes de edición, o bien productores de televisión. Para cumplir esa función debe tenerse estudios o experiencia. Publicó las vacantes en abril pasado; ninguna fue ocupada porque aún no encuentra gente con el perfil.

No hay por qué asustarse sobre esa situación, según la docente de Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Campus Chiapas, Lorena Grajales Velázquez. En Chiapas el grado de escolaridad es bajo.

“Hay algunos que están con primaria y secundaria, y muy poquita la proporción con posgrado y licenciatura. En realidad, muchos de los beneficiarios ni siquiera cursaron la preparatoria”, comenta, al tiempo de aseverar que esa es una de las razones por las que la estrategia es más exitosa en el Sur-Sureste que el Norte.

“Allá no hay tanta necesidad como aquí (…) Allá prefiero tener un salario de 15 mil (…) Allá hay más empleos y mejor remunerados y acá (…) una actitud más conformista”, explica.

Esta situación es un “foco rojo”, opinó, pues para el beneficiario con baja escolaridad recibir un documento que ampare las habilidades adquiridas durante su año como aprendiz por parte el empleador -una de las promesas del programa- no será suficiente.

“Es ahí donde hay una laguna o algo más que hay que hacer (…) Extenderles una beca para continuar, seguir quizás ocupándose pero a la vez estudiar (…) Sería injusto tener trabajo un año, pero como sólo tienes prepa te voy a soltar para hacer lo mismo. Va a ser un golpe al aire, sin resultados concretos”, critica.

Martínez García aclara que al cumplirse los 12 meses el becario puede o no ser contratado por el empleador, quien también recibirá un sello de empresa socialmente responsable. “Hay muchos ejemplos donde sí va a pasar eso. Los mismos tutores me han dicho que eso va a pasar, y hay otros donde no va a pasar por distintos motivos”, adelanta.

En la práctica, hay una alta probabilidad que los muchachos enfrenten la última situación, pues para el director de Fomento Económico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Gilberto Antonio Ruiz Cáceres, “estamos en un periodo de recesión. Se han perdido empleos. Entonces se vuelve una prioridad conservar los que se tienen, particularmente en el sector privado”.

No es fortuito que en 2018 la entidad sólo haya creado ocho por ciento de las 45 mil cien fuentes de trabajo formales demandas, de acuerdo con el observatorio “México, ¿Cómo vamos?”. Además, el Inegi calculó en 3.4 por ciento la tasa de desocupación estatal en el primer trimestre de 2019. Fue el primer tercio de un año con más desempleo para Chiapas de 2011 a la fecha.

De todas formas, comenta Martínez García, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal (STPS) dará seguimiento a los aprendices para vincularlos a una opción laboral. “Muchas veces ese año de experiencia te abre el candado para emplearte en otros lugares”, según el funcionario.

Para Grajales Velázquez, el éxito o fracaso de la iniciativa dependerá de ese seguimiento, porque habrá más jóvenes capacitados y formados, aunque no el mismo número de nuevos empleos. “Ahí considero que debería de entrar la cuestión del emprendimiento”, opina, al tiempo de plantear otorgar un estímulo más a los becarios, por ejemplo, una certificación expedida por un ente especializado en la o las competencias obtenidas durante su adiestramiento. “Ser realista y decir ‘aunque estuviste un año creo que no estás capacitado o facultado’, o ‘sigue otro año más o prepárate en ese otro’, porque sino vamos a caer en asistencialismo”, advierte.

Martínez García dice que hay pasos en esa línea. La STPS comienza a efectuar gestiones con algunas entidades certificadoras. Además, algunas empresas valoran otorgar estímulos a los beneficiarios al concluir los 12 meses de formación.

“Se está buscando que haya acompañamiento pero no puede ser una obligación del gobierno a las instituciones (…) Algunas están dando un paso adelante e incluso generan una beca posterior (…) No es la constante”, acepta.

Ámbar, una veinteañera desempleada, formaba parte de los más de 200 aprendices que hasta hace unos días estaban ocupados en las agencias municipales de Tuxtla Gutiérrez. Estaba adscrita a la agencia municipal de Copoya, a la que apoyó durante un mes en labores administrativas y de campo, entre ellas campañas de limpieza y censos para pavimentar calles. Posee evidencia fotográfica.

Un día, inspectores de la STPS visitaron la agencia municipal. “Realmente no nos dijeron para qué iban”, relata. En vísperas de recibir el primer depósito, ella y el resto de sus compañeros conocieron que fueron dados de baja del programa. Acudieron al módulo de atención de la iniciativa ubicado en el Palacio Federal. Ahí les informaron que la medida era “porque o no estábamos llegando, o nos habían pedido dinero (…) como que había desviación de recursos, como que alguien estaba dando datos falsos”.

Desconoce las irregularidades detectadas por la STPS, aunque admite que dos aprendices no acudían a las actividades y algunos empezaron a apoyar antes que fueran aceptados “porque ya sabían que iban a quedar, aunque todavía no estaban dados de alta en el programa”.

El enlace de Jóvenes Construyendo el Futuro en Chiapas, Francisco Martínez García, menciona que registraron al menos 20 denuncias por anomalías en esa iniciativa. La principal acusación fue el cobro a beneficiarios -500 pesos, la cuota promedio- por parte de empleadores, a veces con justificaciones como “¡Te están pagando mucho!”, que en casos extremos fueron acompañados de simulación: “Tú no vengas, nos volvemos a ver hasta que tú quieras”. Asociaciones civiles fueron las más señaladas. Las arbitrariedades fueron más frecuentes en comunidades apartadas, “donde no se sabe mucho, donde no hay muchos centros de capacitación”, comenta.

Ante esos casos, informa que habilitaron como línea de denuncia el número telefónico de asesoría del programa 01 800 841 2020. La delegación de la Secretaría del Bienestar en la entidad también dispuso de dos números telefónicos para ese fin: 961 174 954 y 961 131 4785. Además, personal de la STPS comenzó a efectuar más verificaciones a los empleadores. Surgieron más anomalías:

“Se empezó a ver que no evaluaban, que los centros no eran los que decían, que había denuncias, que a los chicos al principio no les dijeron ‘te voy a cobrar tanto’, que había centros de capacitación con 50 jóvenes y eran pisos de 10 por cinco”, relata.

Informa que a consecuencia de estas fallas, únicamente en la entidad fueron dados de baja del esquema cinco mil espacios laborales. Con base en el supuesto que “el desvío de recursos de la Federación es un delito federal”, el delegado de Programas Integrales de Desarrollo del gobierno federal en la entidad, José Antonio Aguilar Castillejos, confirma que presentaron esas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Hace unos días la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la judicialización de una de las indagatorias por los delitos de amenazas y extorsión contra becarios por parte de dos mujeres en una comunidad de La Trinitaria.

Municipios

Ellas siguen esperando justicia

Sin embargo, Daniela, la directora de la oficina de la cámara empresarial que compartió su testimonio para este trabajo, relata que hasta el momento no han recibido a los inspectores de la STPS. Tampoco sabe si alguna vez serán sujetos a verificación.

“Ha habido algunos detallitos, como que se han desfasado, porque no han llegado puntualmente para todos. Han sido fallas del sistema, de la operatividad”, admite Martínez García.

En Chiapas la meta del programa era dar de alta a cinco mil centros de trabajo. Ahora hay 11 mil 524 empleadores inscritos. La entidad ocupa el tercer lugar nacional. El 93 por ciento son del sector privado. El problema es que en el estado la STPS tiene menos de 20 inspectores, y desde hace tiempo la dependencia no tiene delegado en la entidad.

Adicionalmente, el gobierno federal ordenó suspender el pago previsto para el 13 de mayo pasado, acompañado de suspensiones de becarios que estaban con empleadores que incurrieron en irregularidades. El objetivo de la disposición fue cerciorarse del destino del dinero. Próximamente la Secretaría del Bienestar creará brigadas para apoyar a la STPS en la misión de verificar a los centros receptores de becarios.

En algunos casos los propios tutores tenían los documentos y la tarjeta de débito del becario. A veces administraban hasta su cuenta, cuenta Martínez García, quien anunció que en las próximas semanas los becarios que fueron afectados por esa disposición en breve podrán volver a inscribirse en el programa.

Las irregularidades fueron por “necesidad” o falta de información. “Chiapas es donde más vinculaciones hay y donde las características geográficas del estado dificultan muchísimas cosas de verificación. Es difícil a veces llegar a las ciudades”, acota Martínez García.

Aunque para la docente de la EBC, Campus Chiapas, Lorena Grajales Velázquez, hay algo que no puede soslayarse: “Pero en realidad eso ya es un problema de formación o valores, como de parte de los tutores o empleadores”.

La honestidad, uno de los ejes rectores de este gobierno, como modo de vida, admite Martínez García, no es posible al cien por ciento: “Siempre habrá alguien que intenta lucrar con un programa de estas características (…) No habrá un nirvana de la ética”.

-¿Usted es el único enlace del programa en Chiapas? -fue el cuestionamiento a Martínez García.

Por parte de la Secretaría del Bienestar, sí.

-¿Tiene alguien que lo apoye?

Sí, hay un equipo de colaboración y de campo.

-¿Cuántas personas lo ayudan?

Aunque suene un poco idealizado, la delegación cuenta con los servidores de la nación, que es la gente que es la portavoz del gobierno en el campo.

El problema es que algunos de los miembros de esos grupos de trabajo fueron o son militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido que ahora está en el poder. El propio Aguilar Castillejos, el superior de Martínez García, es expresidente estatal de Morena.

A pesar de sus claroscuros, para Grajales Velázquez este programa debe seguir, porque vincula la formación académica con la vida laboral real, contribuye a despertar el espíritu emprendedor, permite orientar o activar a muchachos que al concluir su licenciatura o ingeniería no saben qué hacer y permite a los empleadores crecer sin invertir.

Toca el turno a los empresarios de rendir conforme como esperas, “porque si no le entiendes, si no eres consciente de que va a aprender, que se requiere tiempo para tener resultados, pues no funcionará”, opinó Daniela, la directora de la cámara.

Para el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chiapas, Enoch Gutiérrez Cruz, el programa es una buena oportunidad para que la juventud tenga un acercamiento a las condiciones actuales del mercado laboral. Sin embargo, a las autoridades le debe “caer el veinte” que las fuentes de empleo no las genera el gobierno federal sino la iniciativa privada, puntualizó.

La Secretaría de Economía de la entidad (SE) estimó que Chiapas crea entre cinco mil y 10 mil puestos de trabajos al año; la mayor parte deriva de la obra pública. Sin embargo, 11 mil personas egresan anualmente de las universidades que operan en el estado, a las que debe sumare la gente que tiene tiempo desempleada.

De ahí que, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, Chiapas sea el estado con más personas de entre 15 y 29 años desocupadas, con 5.3 por ciento de los 1.4 millones de habitantes del estado que tienen ese rango de edad, equivalente a 26.9 por ciento del total residentes, la tercera proporción más alta de México junto con la de Aguascalientes de acuerdo con el Inegi.

Para el también docente de la EBC, Campus Chiapas, René Cruz Montalvo, la aplicación del Estado de derecho, dotar de valor agregado a productos y servicios, así como atraer inversión son las vías más efectivas para que haya más fuentes de trabajo en Chiapas.

“La única forma que podemos generar una economía sustentable es con las empresas. Las compañías requieren este impulso para generar empleos formales. El empleo formal lo genera la iniciativa privada. El gobierno sólo impulsa el desarrollo económico, debe ser el generador del desarrollo económico”, puntualiza.