Tuxtla Gutiérrez.- De las 175 comunidades que conforman el municipio de Altamirano solamente habitantes de cuatro participan en el conflicto postelectoral que sufre ese lugar de la región Selva, el resto continúa con sus actividades productivas informó este martes en entrevista el síndico de ese municipio, Fernando Gabriel Montoya, quien acudió a una reunión a la capital chiapaneca con funcionarios de la Secretaría de Gobierno.

Explicó que habitantes del ejido Candelaria mantienen secuestrado a un nutrido grupo de ciudadanos desde hace varias semanas, y en días recientes privaron de su libertad a otro grupo más, en demanda de una serie de peticiones entre las que destaca la renuncia de todos los integrantes del actual Concejo que fue nombrado por diputados del Congreso del Estado, luego de un conflicto pos electoral.

El funcionario municipal de Altamirano, acompañado de un grupo de personas, principalmente jóvenes, insistió en que ellos como autoridad siguen trabajando en la gestión de obras y beneficios para las el resto de las colonias y barrios, que son mayoría, pero sin descuidar la atención hacia el sitio donde cuyos habitantes han optado por la presión para alcanzar sus objetivos.

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Gabriel Montoya dio a conocer que durante la reunión con los funcionarios de la Secretaría de Gobierno se hicieron los planteamientos necesarios para buscar una salida pacífica, que se le dé prioridad al diálogo con los inconformes para llegar a un acuerdo que permita el regreso de la paz y la tranquilidad en todo el municipio.

El entrevistado no aseguró ni desmintió que los habitantes que mantienen secuestrados a sus coterráneos en el ejido Candelaria sean parte de un grupo de choque afín a la ex presidenta municipal, Gabriela Roque y a su esposo, Roberto Pinto.

El municipio de Altamirano, enclavado en la región de la Selva fue gobernado durante nueve años por la pareja formada por Roberto Pinto Kanter y Gabriela Roque Tipacamú, con los colores del partido Verde Ecologista y se disponían a iniciar un nuevo trienio del 2021 al 2024 cuando estalló un conflicto pos electoral que obligó a pedir licencia a Roque Tipacamú y el Congreso nombró a las actuales autoridades.