La LXVII Legislatura del Congreso del estado delegó la responsabilidad al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, de elaborar el Plan Estatal de Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, así como informe sobre la instalación y actividades del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno y efectúe acciones para garantizar la vida y la integridad de las personas.
La propuesta aprobada por el pleno a propuesta del diputado de San Cristóbal de las Casas por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Juan Salvador Camacho Velasco, establece la obligación del gobierno de garantizar el retorno a sus viviendas en condiciones dignas y el cumplimiento de todas las minutas de trabajo que han celebrado con la actual administración.
De acuerdo con el proyecto en manos de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado también de Morena, Marcelo Toledo Cruz, se ordena la implementación de labores concretas para garantizar que en el futuro se eviten nuevos desplazamientos forzados en la entidad.
Los desplazados del ejido Cintalapa municipio de Ocosingo son 39 y salieron de sus casas desde el 6 de marzo de 2009; mientras que las familias de Tenango, de Ocosingo suman 71, que fueron desplazados desde el 23 de enero de 2015; del paraje Shulvó, municipio de Zinacantán son 16, desalojados el 9 de diciembre de 2015; del ejido Puebla, municipio de Chenalhó son 254 retirados por motivos políticos.
La diputada local del Partido Chiapas Unido, Iris Adriana Aguilar Pavón afirmó que están en situación de desplazamiento interno dos mil 680 personas de los municipios de Chalchihuitán, Aldama, Chenalhó, Zinacantán, Ocosingo y El Bosque.
A través del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, de San Cristóbal de Las Casas, lo casos del ejido Puebla, Cintalapa y Shulvó fueron presentados ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Los desplazados internos huyen por conflictos sociales y armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones a derechos humanos y deben permanecer bajo la protección y atención del gobierno del estado, debe hacerse valer el derecho de protección, precisa el punto de acuerdo aprobado por los legisladores.