/ martes 15 de enero de 2019

Vigilan sólo el 1.7% de concesiones de acuíferos

Polución y disponibilidad de agua en el estiaje, pendientes

La falta de aplicación de la normatividad es la causa de algunos de los problemas más apremiantes del estado en materia hídrica, opinó ayer el presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), Sección Chiapas, José Luis Arellano Monterrosa.

Para muestra está –dijo– el caso de Proactiva (ahora llamada Veolia), la empresa responsable del servicio de recolección de basura en Tuxtla Gutiérrez que aparentemente viola la legislación en el rubro de descargas de aguas residuales, omisión que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben atender en el ámbito de sus competencias.

El tratamiento de aguas crudas, la contaminación de acuíferos y la disponibilidad de recursos en temporada seca, son los principales desafíos que en la actualidad la entidad afronta en el rubro hídrico. Válgase recordar que el abatimiento de ríos y manantiales, que en los últimos tiempos es acentuada en el estiaje, es provocada por el deterioro de las cuencas, que a la vez es generado por la degradación ambiental, afirmó.




CONSERVACIÓN, PRIORIDAD

El también agremiado al Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas (Cicch) refirió que en este sexenio en primera instancia la política en materia hídrica estará orientada a la conservación, cometido que para cumplirse –aseguró– obligará al gobierno crear o reformas reglamentos.

Varios problemas relacionados con el manejo de agua no son motivados por un diseño deficiente de las políticas públicas sino de aplicación.

“El agua es un bien común, o sea compartido con las personas que lo usamos y si no estamos organizados los que lo usamos no podemos dejárselo todo a gobierno (…) Eso se llama gobernanza de agua: aplicación de políticas públicas más participación de la sociedad civil organizada (…)”, afirmó.

El documento “Agenda Ambiental 2018. Diagnósticos y Propuestas” dio a conocer que en 2016 el país registró una sobreexplotación de acuíferos de 5 mil 631 millones de metros cúbicos. Además, 71 por ciento del volumen concesionado de los recursos hídricos no contó con un medidor. Ese mismo año, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sólo efectuó inspecciones de volúmenes extraídos a 1.7 por ciento de las 300 concesiones de agua subterráneas.



El monitoreo de la calidad de los acuíferos que dicha dependencia llevó a cabo durante 2017 arrojó que en el estado sólo existían tres sitios con fluido contaminado. Todos estaban en Tuxtla Gutiérrez: uno era el arroyo Grande, a la altura de la colonia El Brasilito; y el otro era el río Sabinal, en las inmediaciones del Parque del Oriente y aguas abajo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) “Paso Limón”, detalló.

La falta de aplicación de la normatividad es la causa de algunos de los problemas más apremiantes del estado en materia hídrica, opinó ayer el presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), Sección Chiapas, José Luis Arellano Monterrosa.

Para muestra está –dijo– el caso de Proactiva (ahora llamada Veolia), la empresa responsable del servicio de recolección de basura en Tuxtla Gutiérrez que aparentemente viola la legislación en el rubro de descargas de aguas residuales, omisión que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben atender en el ámbito de sus competencias.

El tratamiento de aguas crudas, la contaminación de acuíferos y la disponibilidad de recursos en temporada seca, son los principales desafíos que en la actualidad la entidad afronta en el rubro hídrico. Válgase recordar que el abatimiento de ríos y manantiales, que en los últimos tiempos es acentuada en el estiaje, es provocada por el deterioro de las cuencas, que a la vez es generado por la degradación ambiental, afirmó.




CONSERVACIÓN, PRIORIDAD

El también agremiado al Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas (Cicch) refirió que en este sexenio en primera instancia la política en materia hídrica estará orientada a la conservación, cometido que para cumplirse –aseguró– obligará al gobierno crear o reformas reglamentos.

Varios problemas relacionados con el manejo de agua no son motivados por un diseño deficiente de las políticas públicas sino de aplicación.

“El agua es un bien común, o sea compartido con las personas que lo usamos y si no estamos organizados los que lo usamos no podemos dejárselo todo a gobierno (…) Eso se llama gobernanza de agua: aplicación de políticas públicas más participación de la sociedad civil organizada (…)”, afirmó.

El documento “Agenda Ambiental 2018. Diagnósticos y Propuestas” dio a conocer que en 2016 el país registró una sobreexplotación de acuíferos de 5 mil 631 millones de metros cúbicos. Además, 71 por ciento del volumen concesionado de los recursos hídricos no contó con un medidor. Ese mismo año, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sólo efectuó inspecciones de volúmenes extraídos a 1.7 por ciento de las 300 concesiones de agua subterráneas.



El monitoreo de la calidad de los acuíferos que dicha dependencia llevó a cabo durante 2017 arrojó que en el estado sólo existían tres sitios con fluido contaminado. Todos estaban en Tuxtla Gutiérrez: uno era el arroyo Grande, a la altura de la colonia El Brasilito; y el otro era el río Sabinal, en las inmediaciones del Parque del Oriente y aguas abajo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) “Paso Limón”, detalló.

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