Tapachula.- Ni los testimonios desgarradores de la gente, ni los llantos de niños o de mujeres de las comunidades de Pavencul y Toquián sensibilizan a las autoridades para actuar ante el conflicto en la zona Alta de esta ciudad que lleva tres años y en las últimas fechas ha provocado que muchas familias se escondan o huyan a las montañas y busquen asilo en territorio de Guatemala.
Conforme pasan los días, se conoce más sobre los daños ocurridos en días pasados, pues se supo que 10 casas fueron afectadas y al menos ocho vehículos particulares quemados.
Además, son pocas las personas que han denunciado los hechos, debido a que han perdido la credibilidad en las autoridades impartidoras de justicia en el estado, ya que según los denunciantes los mandos tienen conocimiento de los nombres de los cabecillas que han cometido los desmanes; sin embargo, no actúan desde hace tres años.
Por otra parte, entre quienes dan testimonios de los hechos violentos están Rosendo Sánchez y María Robledo, de la tercera edad, a quienes les incendiaron sus viviendas, mismos que aseguran que sólo una iglesia cristiana les brindó apoyo y refugio.
Hoy, los afectados piden a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a organismos internacionales que los socorran, porque las autoridades de Chiapas ya saben todo, pero nada hacen por la gente que está amenazada con que si regresa a sus comunidades deberá de pagar una multa de 60 mil pesos.
Aseguran que en este conflicto aparecen personas ajenas a la localidad interesadas en el control del transporte público de la zona, ya que existen evidencias de que el grupo agresor se reunió en Tapachula con los líderes trasportistas.
