San Cristóbal de Las Casas.- La Asociación Civil Melel Xojobal, exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) investigación por su responsabilidad en las múltiples violaciones a los derechos humanos de la familia Gómez así como verdad y justicia por la privación de la vida, tortura y extorsión de Adolfo Gómez Gómez “asesinado” el 27 de julio en el CERSS número 5.
“Seguiremos trabajando con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para emitir las recomendaciones correspondientes y alcanzar una reparación integral de los daños incalculables infligidos a todos los miembros de la familia y la comunidad de Chictón, en particular para los 23 niñas, niños y adolescentes”, suscriben en un comunicado.
Y es que recuerdan que el pasado 23 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó el desistimiento de la acción penal a favor de Josefa Sánchez Gómez, Juana Montejo González, María Hortensia Gómez Sánchez y Maribel Gómez Sántiz y la cancelación de las órdenes de aprehensión contra otros seis miembros de la familia Gómez al no tener ningún elemento de prueba para sostener la acusación por el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados.
Desde la Colectiva Cereza y Melel Xojobal, celebran la libertad de las mujeres y la reintegración familiar de los 23 niñas, niños y adolescentes, “fruto del trabajo de litigio y acciones llevadas a cabo junto con la familia. Sin embargo, denunciamos que el desistimiento de la FGE llega tarde y que no repara, de ninguna manera, el incalculable daño infligido a la familia Gómez Sánchez”.
“Condenamos la criminalización de la familia Gómez y la comunidad de Chictón, quienes desde el mes de julio fueron señalados, sin evidencia alguna, como responsables de la desaparición del niño Dylan. La FGE sabía que eran inocentes y construyó una carpeta de investigación por el delito de contra la salud en contra de Adolfo y Josefa, el abuelo y abuela de la familia, para intentar tapar su detención arbitraria”, aseveran.
Denuncian la actuación de la FGE y a su titular hasta el 03 de diciembre, Jorge Llaven Abarca, quien, “en su ineficiencia para encontrar el niño Dylan, fabricó, promovió y mantuvo la acusación de la familia Gómez por el delito de trata de personas sin prueba alguna. Esta acción de la FGE cobró la vida de Adolfo Gómez Gómez asesinado en el CERSS número 5, mantuvo en encierro por cinco meses a cuatro mujeres inocentes, retuvo a 23 niñas, niños y adolescentes en el DIF por casi cuatro meses con consecuencias emocionales y físicas del trauma sufrido, y en conjunto causó daños irreparables a la familia Gómez y la comunidad de Chictón”.
“Denunciamos la responsabilidad del exJuez de Control Gabriel Grajales Pasacacio quién actuó en complicidad con la FGE otorgando la orden de cateo, las posteriores órdenes de aprehensión así como la vinculación a proceso de la Sra. Josefa Sánchez Gómez a sabiendas de que no existían elementos de prueba para acreditar un hecho que la ley señalara como delito”, concluyen.