El Estado de derecho es la piedra angular de la filosofía política que sostiene que todos los ciudadanos e instituciones, sin excepción, están sujetos a las mismas leyes públicas. En este marco, legisladores, líderes y ciudadanos comparten la responsabilidad de acatar y respetar las normas establecidas.
Este principio implica que cada individuo, incluidos aquellos que ocupan roles legislativos y judiciales, debe someterse a la ley. La aplicación de medidas o acciones está condicionada por normas jurídicas transparentes, y las autoridades estatales operan dentro de un marco legal predefinido que protege los derechos fundamentales.
En contraste con las dictaduras personales, donde el deseo del dictador prevalece sin restricciones legales, un Estado de derecho se caracteriza por leyes que establecen límites a los derechos y acciones, y todo procedimiento sigue un marco jurídico aprobado públicamente.
En un Estado de derecho, las leyes son el cimiento que organiza y limita los derechos, y toda acción social y estatal se basa en estas normas. El poder del Estado está subordinado al orden jurídico, y su eficacia radica en su aplicación respetuosa a través de los órganos gubernamentales, promoviendo así el respeto absoluto por los derechos humanos y el orden público.
El término "Estado de derecho" tiene sus raíces en la doctrina alemana del "Rechtsstaat", y aunque ha evolucionado con el tiempo, su esencia sigue siendo la defensa de la justicia y la democracia. Este principio es esencial en países como Estados Unidos, España, Francia y Alemania, donde se equipara al principio de la supremacía constitucional. En otras naciones, como el Reino Unido, que carece de una constitución escrita, se refleja en el concepto de "imperio de la ley".
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