/ jueves 13 de diciembre de 2018

Abusos, extorsiones y violaciones a los derechos humanos de productores indígenas en Palenque

Cobros ilegales a campesinos y productores ejidatarios superan los 120 mil pesos mensuales, dinero que presuntamente se reparte entre los líderes del mercado público municipal “Guadalupe”

Palenque, Chiapas.- Amparados bajo la creación de una asociación civil conformada por comerciantes del Mercado Público Municipal “Guadalupe” los dirigentes del inmueble son señalados de, presuntamente, mal versar recursos públicos que son colectados diariamente por la renta de espacios a más cien productores ejidales que diariamente arriban de diversas comunidades. Se contabiliza en más de 50 mil pesos el monto que perciben mensualmente, solo del cobro por “Derecho de piso”.

En el lugar existen además actos de explotación laboral, despojo, discriminación, racismo y abusos de autoridad, por parte de los líderes que impusieron una “cuota voluntaria” a quienes arriban al mercado a vender sus productos, principalmente mujeres indígenas y campesinos.

Sin importar su origen, condición social e incluso el tipo de productos que expenderán; toda vez que en su mayoría son personas que comercializan tortillas; plátanos, naranjas, limones, yucas, hierbas y frutas de temporada; son obligados a pagar $ 20 pesos por cada costal o caja de productos que van a comercializar diariamente y se les expide un recibo que justifica el cobro bajo la excusa de que el pago es un “donativo para mantenimiento”.

A pesar de que en este país existe la libertad de competencia un grupo de mujeres indígenas desde hace varios años fueron expulsadas porque vendían “pollos criados con maíz”; un producto bien visto y con bastante aceptación entre los consumidores locales por su sabor y consistencia, quienes los prefieren en lugar de los animales criados en granjas.

Esto ocasionó descontento entre los expendedores de aves y, en consecuencia, las pequeñas productoras indígenas fueron desterradas hacia la banqueta de un centro comercial; bajo el dictamen “de que la comercialización de ese tipo de productos afecta las ventas de los dueños del mercado público municipal; por lo que su venta quedaba prohibida”.

Sin importarles que los productos que expenden solo les aseguran unos cuantos pesos de ganancias; debido al pago de transporte, alimentación, servicios sanitarios y un impuesto al municipio de $ 70 pesos mensuales, algunos campesinos pagan mensualmente hasta 1 800 pesos para mantener “el derecho” del espacio donde puedan vender sus productos.

Quienes no paguen son expulsan del inmueble, siendo privados los campesinos de sus derechos elementales ya que es necesario destacar que el mercado público Guadalupe es considerado: “Un bien propio de uso común y utilidad pública”, que está bajo la administración del Gobierno del Estado de Chiapas; como quedó asentado en un acuerdo emitido el pasado 12 de agosto del año 2013; en referencia a un conflicto que se suscitó entre empresarios de ésta ciudad y el municipio, por la propiedad de los terrenos donde fue edificado el mercado.

El inmueble durante cada administración es beneficiada con obras y proyectos que son pagados con recursos del erario municipal, lo que asegura su estatus de uso público y no privado, salvo los locales que fueron adjudicados desde su creación a diversos comerciantes, y nadie tiene el derecho de exigir pago extraordinarios a los estipulados por el ayuntamiento municipal, recursos que van a parar a manos de los dirigentes sin rendir cuentas a ninguna autoridad.


Palenque, Chiapas.- Amparados bajo la creación de una asociación civil conformada por comerciantes del Mercado Público Municipal “Guadalupe” los dirigentes del inmueble son señalados de, presuntamente, mal versar recursos públicos que son colectados diariamente por la renta de espacios a más cien productores ejidales que diariamente arriban de diversas comunidades. Se contabiliza en más de 50 mil pesos el monto que perciben mensualmente, solo del cobro por “Derecho de piso”.

En el lugar existen además actos de explotación laboral, despojo, discriminación, racismo y abusos de autoridad, por parte de los líderes que impusieron una “cuota voluntaria” a quienes arriban al mercado a vender sus productos, principalmente mujeres indígenas y campesinos.

Sin importar su origen, condición social e incluso el tipo de productos que expenderán; toda vez que en su mayoría son personas que comercializan tortillas; plátanos, naranjas, limones, yucas, hierbas y frutas de temporada; son obligados a pagar $ 20 pesos por cada costal o caja de productos que van a comercializar diariamente y se les expide un recibo que justifica el cobro bajo la excusa de que el pago es un “donativo para mantenimiento”.

A pesar de que en este país existe la libertad de competencia un grupo de mujeres indígenas desde hace varios años fueron expulsadas porque vendían “pollos criados con maíz”; un producto bien visto y con bastante aceptación entre los consumidores locales por su sabor y consistencia, quienes los prefieren en lugar de los animales criados en granjas.

Esto ocasionó descontento entre los expendedores de aves y, en consecuencia, las pequeñas productoras indígenas fueron desterradas hacia la banqueta de un centro comercial; bajo el dictamen “de que la comercialización de ese tipo de productos afecta las ventas de los dueños del mercado público municipal; por lo que su venta quedaba prohibida”.

Sin importarles que los productos que expenden solo les aseguran unos cuantos pesos de ganancias; debido al pago de transporte, alimentación, servicios sanitarios y un impuesto al municipio de $ 70 pesos mensuales, algunos campesinos pagan mensualmente hasta 1 800 pesos para mantener “el derecho” del espacio donde puedan vender sus productos.

Quienes no paguen son expulsan del inmueble, siendo privados los campesinos de sus derechos elementales ya que es necesario destacar que el mercado público Guadalupe es considerado: “Un bien propio de uso común y utilidad pública”, que está bajo la administración del Gobierno del Estado de Chiapas; como quedó asentado en un acuerdo emitido el pasado 12 de agosto del año 2013; en referencia a un conflicto que se suscitó entre empresarios de ésta ciudad y el municipio, por la propiedad de los terrenos donde fue edificado el mercado.

El inmueble durante cada administración es beneficiada con obras y proyectos que son pagados con recursos del erario municipal, lo que asegura su estatus de uso público y no privado, salvo los locales que fueron adjudicados desde su creación a diversos comerciantes, y nadie tiene el derecho de exigir pago extraordinarios a los estipulados por el ayuntamiento municipal, recursos que van a parar a manos de los dirigentes sin rendir cuentas a ninguna autoridad.


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