Por falta de contratos, aproximadamente el 80 porciento de la cuenta por pagar –que el gobierno de Chiapas y losayuntamientos mantienen con los afiliados del Consejo CoordinadorEmpresarial de la entidad (CCE) del sector de la construcción–no puede soportarse, dijo el presidente del gremio, David AlbertoZamora Rincón.
Informó que era común que en el estado fueranllevadas a cabo acciones de infraestructura financiadas conrecursos públicos sin un contrato de por medio. La promesa era queel costo del proyecto sería cubierto en un futuro; sin embargo, enlos últimos años el ajuste presupuestal complicó laregularización de estipulaciones.
Las obras están edificadas, pero no tienen unfundamento legal; hay varios millones de pesos comprometidos enesos casos. La práctica involucra tanto a funcionarios de gobiernocomo a particulares, denunció.
El dirigente dio a conocer que para obligar a erogarel saldo insoluto, algunos miembros del CCE iniciaron demandascontra la administración pública estatal y alcaldías;actualmente, el gobierno de Chiapas y los municipales tienen 20 o30 juicios por ese motivo. Prácticamente todos los procesos fueroncontra dependencias relacionadas con la rama de lainfraestructura.
“En muchos casos están hechas las cimentaciones yestán en un impasse o en una isla en donde no hay certezajurídica. Queremos blindarnos para que en un futuro no hayadelegados estatales o municipales que aprovechen un proceso deregularización y quieran cobrar la obra”, afirmó.
La administración pública estatal y ayuntamientosdeben en conjunto más de 800 millones de pesos a cerca de 500asociados al CCE; en donde dependencias relacionadas con la obrapública concentran 80 por ciento del monto.
Al cierre del primer trimestre del año, lasobligaciones a corto plazo de la deuda pública y los compromisosfinancieros con proveedores y contratistas representaban en total6.6 por ciento de los ingresos totales del gobierno de la entidad,según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal.
