Al cumplirse seis años que 111 familias guatemaltecas fueron forzadas a desplazarse masivamente de la comunidad Laguna Larga, en la Selva del Petén, en Guatemala, y que ahora habitan en un campamento en colindancia a la frontera sur con México, la organización Voces Mesoaméricadas, Acción con Pueblos Migrantes, AC., hizo un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dando a conocer la situación precaria en la que han sobrevivido enfrentando dificultades para acceder a sus derechos fundamentales.
Desde el violento desalojo que sufrieron el 2 de junio de 2017 en la comunidad de Laguna Larga, estas familias han enfrentado dificultades para acceder a sus derechos fundamentales y han sobrevivido en condiciones inhumanas.
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Es através de un comunicado emitido desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que la citada asociación registra la difícil situación que enfrentan estas familias desplazadas que por seis años han vivido en la línea fronteriza sin que se reconozca el crimen cometido por el estado de Guatemala, ni su legítimo derecho al territorio.
De acuerdo a la asociación civil las familias guatemaltecas desplazadas internamente en su país, se muestran vulnerables pues no cuentan con suficientes alimentos; y al no contar con atención médica han registrado casos de muerte, abortos, infecciones gastrointestinales, dermatológicas, padecimientos terminales y otras afecciones, cobrando la vida de al menos 16 personas desde el 2 de junio de 2017, cuando fueron desalojados.
Las personas desplazadas de Laguna Larga han sido privadas de su derecho a una vivienda digna, alimento, agua potable, salud, educación y otros derechos fundamentales reconocidos por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
En el ámbito jurídico, el caso ha experimentado un retroceso, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reclasificado el caso como "No Urgente" y esto ha complicado aún más la situación, ya que el gobierno guatemalteco lo ha utilizado como una excusa para limitar el apoyo y presionar a la población desplazada a abandonar el campamento sin alguna restitución de derechos.
Frente a esta situación, buscan activar otros medios de presión pública y se continúa argumentando la necesidad de medidas cautelares ante la CIDH, así como otros mecanismos internacionales de derechos humanos que impulsen un proceso adecuado de justicia para las personas en el campamento.
Voces Mesoamericanas hizo un llamado urgente al gobierno de Guatemala para que resuelva la situación de estos desalojados, garantizando su futuro y el de las otras generaciones de la comunidad. Asimismo, se solicita que se atienda de forma urgente la crisis humanitaria que enfrenta esta comunidad y se protejan los derechos a la vida e integridad personal de los afectadas, especialmente de los niños, niñas, mujeres y personas mayores, todo ello basado en sus principios constitucionales.
Asimismo solicitan Medidas Provisionales a la Corte IDH por la gravedad en la que se encuentra la vida de las familias y por las muertes que continúan ocurriendo, frente a la incapacidad del Estado para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en Derechos Humanos y realicen una visita in situ para verificar las condiciones del campamento.
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