Autoridades y comunidades afectadas de Chicomuselo y Frontera Comalapa, dieron a conocer a través del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, la continuidad de información donde gente desde los barrios y ejidos ambos municipios señalan que los desplazados no han recibido algún tipo de asistencia por parte de los gobiernos federal y estatal.
Cabe citar, que desde este domingo por la noche circulaba información de un supuesto despliegue de militares y la policía estatal hacia los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo, y durante la mañana de este lunes circuló información del despliegue de una fuerza de tarea de la VII región militar con apoyo de la policía estatal, según los afectados en realidad no se ha concretado.
Señalan que "en Comalapa no hay militares, ni Guardia Nacional, sólo en la prensa se dice de un impresionante despliegue, pero solo está en los medios", inquirieron.
Recibimos información de rondines de un pequeño convoy de la Policía Estatal, Ejército Y Guardia Nacional en el poblado de Chicomuselo, pero no en el arco de entrada al lugar, manifestando los testimonios que en ese punto es donde mantienen presencia sujetos pertenecientes a la delincuencia organizada.
De acuerdo a un comunicado emitido por al CDH-Digna Ochoa, también hay reportes de que la única ayuda humanitaria que han recibido los desplazados que están en Josefa Ortíz de Domínguez y Pablo L. Sidar, ha sido lo proporcionado por Protección Civil de Chicomuselo, continuando la grave omisión de los gobiernos federal y estatal.
NECESARIO PACIFICAR LA REGIÓN SIERRA
Exigieron que el despliegue militar y policíaco no sea una nueva simulación por unos días como ha sucedido anteriormente, ya que es necesaria la pacificación de la región con operativos permanentes en lugares estratégicos y que se realicen acciones directas para desarticular a las organizaciones del crimen organizado que han sembrado el terror y miedo.
La intervención de fuerzas de seguridad resulta tardía y negligente, porque tal como señalan los testimonios, hay presencia de bases militares en El Jocote, Frontera Comalapa y Chicomuselo.
Manifiestan su inconformidad también es con Sonia Catalina Álvarez, legisladora del Partido del Trabajo (PT) porque aducen tuvo información con antelación por diversos canales, de la situación preocupante que se vivía en la región fronteriza y en su calidad de diputada local y presidenta de la mesa directiva del Congreso, no intervino en estos hechos que vulneraron gravemente los Derechos Humanos, y que como parte del legislativo no realizó alguna acción para exhortar al gobernador en atender la grave situación en la región fronteriza, sumándose el Congreso de Chiapas a las omisiones y negligencias de los gobiernos federal y estatal.
Denunciamos que mientras el gobernador de Chiapas y la presidenta del Congreso, juntos al Secretario de Gobernación, se paseaban en su festival del café, miles de pobladores de Chicomuselo, Frontera Comalapa y Mazapa de Madero eran víctimas del terror de la delincuencia organizada y se les vulneraban sus Derechos Humanos, teniendo que huir y desplazarse cerca de 3 mil personas que siguen sin ninguna atención y asistencia por parte de los gobiernos federal y estatal.
De acuerdo al documento el CDH-Digna Ochoa ha enviado las denuncias e información a la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a la CNDH y a la Secretaría General de Gobierno.
Por último, manifestamos que la presencia militar en el gobierno actual ha servido como instrumento para proteger la imposición de megaproyectos como el AIFA, el Tren Maya, el Tren Transístmico y la extracción minera.
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