La Comisión Episcopal de la Pastoral Social (CEPS), perteneciente a la Iglesia Católica en México, ha realizado un llamado urgente a las autoridades del país para que tomen medidas inmediatas y coordinadas para hacer frente a la crítica situación migratoria que miles de personas están enfrentando en diversos puntos del territorio nacional.
La Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH), entidad dependiente de la CEPS, ha llevado a cabo una minuciosa documentación de la realidad que viven las personas en contexto de migración a través de las Casas del Migrante. En este sentido, se ha resaltado el peligroso nivel de vulnerabilidad al que se encuentran expuestos.
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En respuesta a esta preocupante situación, la CEPS considera fundamental que se implementen acciones conjuntas y coordinadas entre el Instituto Nacional de Migración (INM), las autoridades de los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y las Casas del Migrante. El objetivo es brindar una atención humanitaria integral y efectiva que proteja y apoye a los migrantes presentes en el país.
Monseñor Fabio Martínez Castilla, Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, ha enfatizado la importancia de una reflexión profunda antes de tomar la decisión de abandonar el hogar y la familia. "Ante cualquier situación, es recomendable discernir con calma para evitar embarcarse en una aventura que, en lugar de traer bienestar, pueda resultar en tragedia o situaciones aún más adversas", expresó el líder religioso.
La DEPMH ha señalado que las personas migrantes que se encuentran en situación de calle están enfrentando una extrema vulnerabilidad, y por lo tanto, requieren una atención especial por parte del Estado mexicano. Es responsabilidad inmediata de las autoridades tomar medidas para garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad de estos individuos.
El llamado de la CEPS busca generar conciencia acerca de la importancia de abordar de manera urgente la problemática migratoria en México, promoviendo soluciones que respeten y protejan los derechos humanos de todas las personas, sin importar su origen o condición migratoria. La coordinación efectiva entre las distintas instancias gubernamentales y la sociedad civil será clave para hacer frente a esta crisis humanitaria de manera solidaria y eficiente.
