Indígenas de San Juan Cancuc se manifestaron en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez para solicitar al Estado Mexicano la solución a la invasión de potreros por un grupo de personas, por lo cual exigen orden de aprehensión en contra de los dirigentes de los invasores, Alonso Pérez Velasco, Juan Pérez Velasco, Lorenzo Valasco Pérez, Vicente Pérez Domínguez, Diego Sántiz Mendoza, Marcos Pérez López, Antonio Domínguez Díaz, Abelardo López Pérez, Manuel Pérez Cruz, Manuel Pérez Martínez, Juan López Aguilar, Juan Sántiz Hernández, Antonio Cruz García y Antonio Martínez Hernández.
El representante de los afectados, Manuel López Vázquez, dijo que el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer, no ha querido hacer justicia a las víctimas de despojo, además hay demandas por ocupación ilegal en la Fiscalía General del Estado (FGE) y Fiscalía General de la República (FGR), pero no han procedido.
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Explicó en entrevista que al menos 40 potreros de 4 mil propietarios están invadidos y la población no está dispuesta a hacer justicia por mano propia desde despojo que data desde 1994, las primeras ocupaciones se cometieron contra los predios El Pozo, Ataquil, Sutotel y Tepox.
En el 2016 estás mismas mismas personas ocuparon más extensiones y mataron reses, ante todo ello, el 10 de junio de este año unas cien personas entre hombres y mujeres con armas de fuego liderados por las mismas personas otros predios, no obstante que sus dueños dan fe de la posesión por Certificado de Derecho Agrario, aunque el Tribunal Unitario Agrario (TUA) tampoco ha procedido conforme a derecho.
La Fiscalía General del Estado, ni la Fiscalía General de la República han querido actuar contra los delitos de despojo, abigeato y daños, ante la inactividad de las instituciones agrarias responsables y de procuración de justicia, solicitamos la intervención inmediata del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, porque no hemos de ser nosotros los que recuperemos nuestros bienes, añadió Manuel López Vázquez.
Necesitamos avances en la investigación de las denuncias radicadas en la Fiscalía de Justicia Indígena, en San Cristóbal de Las Casas, y solicitan una mesa de trabajo con las instituciones públicas federales, estatales y municipales ante la falta de resultados, pues hay desesperación entre la población afectada, los más de 25 mil habitantes han advertido la justicia por mano propia.