La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la LXVII legislatura del Congreso del estado, Bárbara Melissa Mañón Campos pidió a los 123 ayuntamientos cumplir con la rendición de cuentas, puesto que no hay tregua para el combate a la corrupción; en conjunto, tienen un presupuesto superior a los 22 mil millones de pesos, y debe ser aplicado en la atención a las demandas de la población.
Expuso la legisladora local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, que la inversión pública municipal tiene que ser resultado de un plan de desarrollo; la exigencia de la ciudadanía es solución a los reclamos de seguridad, electrificación, pavimentación y rehabilitación de calles; así como, agua potable y saneamiento.
Afirmó en entrevista que no puede haber ocurrencia en la elaboración del plan municipal de desarrollo, sino producto de las peticiones sociales; los presupuestos serán insuficientes, pero hay que priorizar a tres años a partir de una mesa de diálogo, que no se ocupen los alcaldes municipales de generar ahorros o construir un capital político electoral.
No se trata solamente de matizar o de maquillar las localidades, hay que consultar a la sociedad sobre lo que quiere en cada territorio; no es conveniente entregar los recursos a las comunidades, eso no ha cambiado la cara del estado, hay que armar asambleas y escuchar a la gente para ejercer un presupuesto participativo, apuntó Mañón Campos.
No han presentado avances de la cuenta pública de octubre y noviembre del 2018 los municipios de: Ángel Albino Corzo, Bejucal de Ocampo, Bellavista, Benemérito de las Américas, Comitán, Copainalá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, El Bosque, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huixtán, Huixtla, Ixtapangajoya, La Independencia, La Libertad.
Asimismo, Las Margaritas, Metapa de Domínguez, Mezcalapa, Mitontic, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla, Pijijiapan, Rayón, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago el Pinar, Siltepec, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Tila, Tuzantán, Venustiano Carranza, Villa Corzo y Yajalón.
Lo que no tienen que hacer los presidentes municipales es ocupar el capital en proyectos personales y políticos, cada vez más se refuerza la idea de castigar todos los procesos de corrupción; la administración municipal no puede ocuparse de la compra o de pago de votos, por ello, los delitos electorales serán graves y sin derecho a fianza, acotó.
La Auditoría Superior del Estado será cada vez más exigente en la fiscalización de los recursos públicos, la corrupción no puede ser una pesadilla, no se está de acuerdo en que se manipule y coaccione a la ciudadanía, enfatizó la diputada plurinominal de Tuxtla Gutiérrez.
