San Cristóbal de Las Casas.- “El estado de derecho va tener que imperar, el poder ejecutivo, legislativo y judicial debemos trabajar en conjunto para poder establecer herramientas necesarias de la conciliación, el uso de las armas no puede vincularse en ningún momento hacia la paz y mucho menos nos va vincular a una sociedad con Elementos de desarrollo y ésta se construye a través del diálogo, sin condicionamientos”.
Así lo manifestó el Diputado Local, Luis Fernando Cruz Cantoral, a pregunta expresa sobre la presentación del Grupo autodenominado “Autodefensa Los Machetes” del municipio y si la ciudadanía lo demanda deberá ser auditado el ayuntamiento de la actual alcaldesa, Delia Janet Velasco Flores, y como Congreso deberán y la comisión de Hacienda, deberá dar una respuesta “ya que es un derecho que se tiene legitimo”.
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“El tema de las armas, de auto determinarse autónomos considero es un atentado a la paz publica porque estamos hablando o buscando que los derechos humanos y el derecho a decidir no este coaccionados a ningún grupo con armas, o que se denominan justiciaron, la justicia, hay instituciones que nosotros hemos construido con el tiempo en el poder judicial y sobre todo la fiscalía que debe ser la responsable de si hay denuncias darle un seguimiento”, refirió.
Urgió a la Fiscalía se atiendan las denuncias que hayan hecho estos ciudadanos “pero reprobamos cualquier acto de justicia por medio de las armas. Las denuncias se tienen que seguir de oficio y mas cuando se atenta contra personas que son personas responsables del orden público como es el caso de la Guardia, las leyes están para garantizarle a ellos que deben garantizar la paz y la vida, con armas de fuego que no podemos señalar a ningún grupo mientras no exista un peritaje, una investigación considerada y no podemos caer en señalamientos, no podemos ser jueces”.
Hizo un llamado a no permitir este tipo de conflictos donde salen perjudicados la misma población por los estados de incertidumbre, de poca visión hacia el desarrollo y al contrario, el detrimento de la voluntad y coacción del derecho de decisión.