El estado de Chiapas, se encuentra en medio de una crisis de gobernabilidad, según denuncias del capellán delegado de derechos humanos en Chiapas, Reynaldo Pérez Pérez. Pérez Pérez, también defensor de los derechos de los desplazados del sector Santa Marta, ha lanzado un llamado urgente a las autoridades para que cumplan con sus obligaciones y protejan los derechos humanos de las comunidades indígenas desplazadas en la región.
En un video enviado a los medios, Pérez Pérez expresó su preocupación por la falta de gobernabilidad en Chiapas y la falta de cumplimiento de las promesas por parte de los gobiernos en los tres niveles. Señaló que el problema se centra en la subsecretaría de gobierno, que no ha logrado resolver la difícil situación de los desplazados del sector Santa Marta. Estos individuos fueron expulsados de sus hogares en septiembre de 2022, en un acto de violencia que incluyó la quema de casas, vehículos, parcelas, asesinatos y la desaparición de cinco desplazados.
"Exijo a los funcionarios públicos y a los gobiernos del estado de Chiapas que cumplan con sus deberes y obligaciones. Son ellos los encargados de proteger los derechos de los pueblos originarios, y en este momento, la vida de muchas niñas, niños, mujeres, hombres y ancianos está en riesgo en varios municipios de los Altos de Chiapas", declaró Pérez Pérez.
El defensor de derechos humanos expresó su preocupación por la falta de voluntad y capacidad de las autoridades para abordar estos problemas de manera efectiva. Argumentó que los gobiernos se comprometen con firmas pero no toman medidas concretas para resolver los conflictos en los municipios afectados. Pérez Pérez también resaltó la preocupante situación en Ocosingo y Tila, donde antes existía gobernabilidad y justicia, pero ahora se enfrentan a un vacío en la aplicación de la ley.
Pérez Pérez hizo un llamado a defensores de derechos humanos a nivel mundial, nacional, estatal y local, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que intervengan y exijan al gobierno mexicano garantizar el estado de derecho para los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas y México. Además, solicitó el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la garantía de la seguridad de los pueblos originarios.
"Es urgente que se resuelva de inmediato la situación en Pantelhó, Chiapas, que se cumplan los compromisos acordados en el caso de Santa Marta y que se inicie la búsqueda de los cinco desplazados desaparecidos. Los gobiernos deben cumplir con sus responsabilidades y los funcionarios públicos deben saber gobernar", concluyó Pérez Pérez. También instó a abordar el problema de los elementos de las fuerzas policiacas que se encuentran retenidos en el municipio de Ocosingo, subrayando que se están violando sus derechos humanos y que es esencial buscar una solución a esta situación.
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