De amenazas y actos de discriminación fueron denunciados al director del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, José Javier Sánchez Ríos y a la jueza María Guadalupe Flores, por nueve presos quienes permanecen en plantón, y pertenecen a la organización Solidarios de la Voz del Amate.
En una carta enviada a la opinión pública y a diversos medios de comunicación cuentan que alrededor de la una de la tarde del cuatro de septiembre, José Javier Sánchez Ríos, llegó acompañado por otras autoridades, para notificarles que no podían permanecer en el lugar donde realizan su plantón y que serían reubicados con el resto de la población de reos.
“Sí no lo hacemos a nuestra propia voluntad, tomarán otras medidas y vendrá el Grupo Lobo, para reubicarnos en diferentes penales, también nos están obligando a firmar dicho documento con nombre de otra organización, al no firmar el director, se retiró muy molesto”, añaden.
Narran que el día jueves 29 de agosto, entre las 10 y 11 de la mañana, fueron amenazados por la jueza María Guadalupe Flores Roche, “quien llegó a nuestro campamento prepotente y con gritos nos dijo: que si no renunciamos nuestra lucha, que no alcanzaremos ningún beneficio”.
“Que no le importa si morimos en este lugar haciendo huelga de hambre, que estamos en su mano y con un gran desprecio nos manifestó que no hablemos nuestro dialecto en su presencia, también comento que ni Frayba u otra organización internacional podrá ayudarnos, ya que ella es quien nos tiene en su mano”, suscriben.
Responsabilizaron a los mencionados de cualquier daño físico o agresión verbal que puedan sufrir, ya que son varias veces que los han intentado intimidar, ya que se encuentran violando sus derechos a la libre expresión, ya que su manifestación ha sido pacífica y sin violencia”.
“Seguiremos denunciado ante cualquier acto de injusticia, y no permitiremos que ninguna “disque" autoridad nos sigan hostigando; exigimos al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas nuestra inmediata libertad, ya que estamos pagando delitos que no cometimos”, citan.
Sí no lo hacemos a nuestra propia voluntad, tomarán otras medidas para reubicarnos
