San Cristóbal. La Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunciaron esta tarde en San Cristóbal la persistente criminalización y encarcelación injusta de integrantes de las Bases de Apoyo Zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZ-EZLN) en municipios como Ocosingo, Yajalón y Salto de Agua, entre otros municipios autónomos. Además, destacaron que algunos zapatistas siguen detenidos en cárceles del estado de Chiapas.
Durante una conferencia de prensa, se informó que José Díaz Gómez, de 44 años de edad, miembro de la Base de Apoyo Zapatista y originario de la Ranchería El Trapiche en el municipio de Salto de Agua, fue detenido en la ciudad de Palenque por agentes estatales bajo la acusación de robo con violencia, supuestamente de una suma de 22,000 pesos.
También puedes leer: ONG alertan por segunda vez “guerra” contra comunidades zapatistas en Chiapas
José Díaz fue arrestado y luego trasladado a un centro penitenciario en Salto de Agua. Durante su detención, le confiscaron su cartera en la que llevaba la cantidad de 1400 pesos, los cuales no han sido devueltos. Fue detenido en noviembre de 2022 y hasta la fecha no se ha resuelto su situación legal. Los miembros de BAEZ exigen la liberación de José Díaz Gómez, ya que consideran que el delito que se le imputa es falso y destacan que él es un indígena dedicado al campo.
También se recordó el ataque sufrido por un miembro del EZLN en la comunidad Moisés y Gandhi, dentro del municipio autónomo Lucio Cabañas, que se encuentra en el municipio oficial de Ocosingo. Hasta la fecha, el responsable de esta agresión sigue en libertad, lo que genera temor en las comunidades zapatistas. Existen preocupaciones por su seguridad al transitar por las carreteras, por lo que se solicita que se castigue a los responsables de este ataque, a quienes se identifica como miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao).
Los zapatistas demandan al gobierno que cese las agresiones cometidas por organizaciones, policías, el ejército y la Guardia Nacional, y que se retiren de las comunidades zapatistas, ya que su presencia no les brinda ningún beneficio. Los uniformados mismos agreden, persiguen y amenazan a la población, según lo denunciado.
