A 23 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez, ocurrida el día 18 de enero de 1999, el Estado mexicano reconoce su responsabilidad por esta grave violación a derechos humanos, cuando tenía 32 años de edad y era parte de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El acto ceremonial se llevó a cabo en la cabecera municipal de Sabanilla, donde estuvieron presentes autoridades en los tres niveles de gobierno, familiares de la víctima, así como representantes de derechos humanos y activistas de la región Ch’ol.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien estuvo en el acto ceremonial, dijo que la desaparición de Antonio se dio en el marco de la guerra de contrainsurgencia emprendida por el Estado mexicano para combatir la lucha por la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas en Chiapas. Después de la guerra frontal hacia las comunidades en resistencia y bajo la exigencia del pueblo de México de optar por la Paz, el Estado mexicano cambió de estrategia impulsando una guerra integral de desgaste atacando a la población civil mediante la implementación de tácticas de guerra contrainsurgente.
“Instamos al gobierno en turno a que muestre la voluntad de investigar eficaz y diligente, agilizando la investigación ministerial para que se esclarezcan los hechos y se dé con el paradero, se identifique a los responsables y sean castigados, tomando en cuenta el contexto de guerra contrainsurgente orquestada hacia las comunidades y pueblos indígenas, abonando a la verdad y justicia para él, su familia, y su comunidad, quienes sufren el dolor, angustia e incertidumbre profundizada por la ausencia permanente e ineficacia de las autoridades”, señaló el Frayba.
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Indicó que, el Estado mexicano debe impulsar una investigación amplia en la zona Norte, Altos y Selva de Chiapas, donde se implementó el Plan de contrainsurgencia elaborado por la secretaria de la Defensa Nacional, y operado por el Ejército mexicano y la Marina Nacional, con la firme convicción de que estos hechos no se vuelvan repetir aquí y en ningún lugar del territorio mexicano.
Mientras los familiares de Antonio González Méndez quien fue desaparecido de manera forzada el 18 de enero de 1999, dijeron que continuará exigiendo justicia por la desaparición de González Méndez, indígena Ch’ol de la zona norte de Chiapas.
“Hoy 19 de enero de 2022, el Estado mexicano viene a realizar el acto público de reconocimiento de responsabilidad y Disculpa Pública por la falta de investigación efectiva de la desaparición forzada y el paradero de mi padre que hasta ahora no hemos descansado en su búsqueda, hasta encontrarlo, disculpa que aceptamos, han pasado 23 años, y seguimos viviendo la falta de acceso a la justicia. Hasta hoy no se reconoce la verdad de lo sucedido, el hecho no se ha esclarecido y nuestro caso permanece en la impunidad, que nos ha generado sentimientos de dolor, frustración, impotencia y angustia a nuestra familia por la omisión de las autoridades del Estado mexicano”, señaló magdalena González López, hija mayor del desaparecido.
Aseguró que su padre fue desaparecido por Juan Regino López Leoporto, en ese entonces integrante de la Organización Desarrollo Paz y Justicia, “Lo que nos han hecho en complicidad con autoridades del gobierno no tiene nombre, durante estos años, con mi madre, mis hermanas y hermano hemos mantenido nuestra fuerza para encontrar a mi padre, gracias al apoyo incondicional del Frayba no perdemos nuestras esperanzas y nos sumamos a la lucha de los otros familiares que buscan a sus desaparecidos en México”.
“Exigimos y nos pronunciamos para que el Estado mexicano reconozca el 30 de agosto como día nacional de las víctimas desaparecidas, hoy nos sumamos a la exigencia de la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad para garantizar de manera efectiva los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No repetición de graves violaciones a los derechos humanos cometidos a las víctimas y sus familiares, una Comisión en donde el Estado mexicano haga justicia verdadera en contra de todos los perpetradores de las graves violaciones a derechos en México”, concluyó.
