San Cristóbal de Las Casas.- “Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la medida cautelar Número 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: Para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.
Lo anterior lo dio a conocer, Roberto Girón Pérez, del comité Chalchihuitle, quien aseguró que dicha recomendación es a favor 5 mil 266 personas, de 9 comunidades tsotsiles de Chalchihuitán y una de San Pedro Chenalhó, víctimas de desplazamiento.
En conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) señaló que el 4 de febrero de este año, murieron dos personas en desplazamiento forzado, Mariano Luna Díaz y Domingo Girón Pérez, al carecer de atención médica a enfermedades intensificadas por el desplazamiento forzado, “el 8 de agosto de 2018, Agustín Gómez Pérez, se privó de la vida, él formaba parte de las 31 familias que no regresaron a la comunidad Pom”.
“Además del asesinato de Samuel Luna Girón, el 18 de octubre de 2017 y las 10 muertes a consecuencia de las extremas condiciones del desplazamiento forzado durante el invierno 2017-2018, aparte de otros impactos como la pérdida de los espacios de producción y cuidado familiar, la ruptura del tejido comunitario y el surgimiento de conflictos internos”, añadió.
Girón Pérez pidió al Estado Mexicano el reconocimiento de la calidad de víctimas de desplazamiento forzado, la debida documentación de la situación en que se encuentra la totalidad de las víctimas, a efecto de garantizar una atención integral, así como la reparación de daños, “insistiendo en que muchas pérdidas materiales mermaron la capacidad de las personas de producir sus alimentos”.
Al sacarlos de sus hogares se perdieron cosechas, animales, herramientas de labranza y de cocina; por eso piden se investigue, así como desarmar y desarticular a los presuntos grupos civiles armados de “corte paramilitar” de Chenalhó