Decenas de organizaciones, en un escrito exigen al Gobierno Federal que reconozca abierta y formalmente la estrategia de terror utilizada, la negación de la verdad perpetúa una herida psicosocial en los pueblos y comunidades del estado de Chiapas, aún están heridos.
En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, dos días después, desde las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), junto con otras organizaciones recordaron a los miles de víctimas de la contrainsurgencia en Chiapas y recalcaron el pendiente histórico del gobierno mexicano de reconocer abiertamente sus impactos y responsables de su implementación.
“Tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el Gobierno Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), impulsaron una estrategia de terror contra los pueblos que buscó combatir a la insurgencia y sociedad civil simpatizante. Esta política de Estado llevó a la comisión de diversos crímenes de guerra y lesa humanidad entre los que destacan los desplazamientos forzados, desapariciones, quemas de casas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, entre otras atrocidades”, denunciaron en el escrito.
Indicaron que existen pruebas que demuestran que diferentes instancias Federales, Estatales y Municipales se coordinaron para conformar, armar, adiestrar y proteger a grupos paramilitares encargados de los crímenes que el Ejército no podía realizar directamente, entre los que se encuentra la lacerante herida de la Masacre de Acteal cometida en 1997, en la que 45 personas, y 4 aún no nacidos, fueron asesinadas por un grupo paramilitar vinculado a la presidencia municipal de Chenalhó.
“Nuestro caminar está marcado por las víctimas que dejó el grupo paramilitar Paz y Justicia que operaba al norte de Chiapas, en especial por las 37 personas desaparecidas y 85 asesinadas de este periodo. Entre ellos no olvidamos a Antonio González Méndez miembro de las bases civiles del EZLN, luchador social que se esforzó por construir una economía digna como responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, y cuya visibilidad en la construcción de ese proyecto civil autonómico lo llevó a ser un blanco de la guerra de terror”, cita el escrito.
Lo anterior, exigen al Estado mexicano el reconocimiento oficial de la política contrainsurgente probada ante la CIDH. De lo contrario el gobierno en turno será un continuador de sus antecesores en la negación de la verdad y justicia, condición que prolonga los impactos psicosociales para los miles de víctimas, “al día de hoy en regiones como los Altos y Norte de Chiapas aparecen grupos armados que catalogan como sucesores del paramilitarismo, es decir descendientes sanguíneos o políticos que heredaron las tácticas de terror, condenamos enérgicamente estos grupos civiles”.
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