La Directora de Estrategia de Cambio Sistémico de Cántaro Azul, Mónica Olvera Molina, presentó la Agenda Chiapas por el Agua, Hacia un Plan de Justicia Hídrica, que contempla quince compromisos que deberían ser atendidos por las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, el primero es garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento como política de Estado, asimismo, hacer valer el agua como bien común, de propiedad de la nación para beneficio social.
El tercero es democratizar el sector hídrico a partir de la participación ciudadana, la anticorrupción y la rendición de cuentas; aplicar la perspectiva de género en todas las políticas y programas relacionados con el agua y el saneamiento; promoción del diálogo de saberes y respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas en la gestión del agua y del saneamiento en sus territorios; garantizar la calidad del agua para proteger la salud de todas las personas.
También atención prioritaria a cerrar la brecha de desigualdad en el acceso al agua y saneamiento en hogares de comunidades rurales e indígenas; fortalecer la gestión comunitaria del agua como pilar del acceso universal al agua y al saneamiento; fomentar la colaboración público – comunitaria para la mejora en la infraestructura en la prestación de los servicios de agua y saneamiento; garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento de infancias y juventudes en los espacios públicos para la protección de la salud.
Por otra parte, contempla promover políticas públicas sobre tecnologías en agua y saneamiento sustentables para su uso comunitario y sostenible; proteger los bosques y suelos para salvaguardar las fuentes de agua y los ecosistemas hídricos; desarrollar programas educativos y campañas de comunicación para promover los derechos humanos al ambiente sano, agua y al saneamiento; y finalmente, garantía del cumplimiento de los acuerdos estratégicos para el avance de los derechos humanos al agua y saneamiento.
Durante la presentación en la Universidad Autónoma de Chiapas, la representante de la asociación civil de Chiapas, añadió que en el 2022 se realizó un monitoreo de medios en los que se detectó la omisión del problema de abasto de agua y saneamiento, era poco probable la atención de las demandas comunitarias, Chiapas es el segundo estado con mayor mortalidad infantil asociada a la presencia de enfermedades gastrointestinales, el 48 por ciento de esas muertes podrían evitarse si hubiera agua segura.
Lamentablemente la política hídrica es centralizada, mucho de lo que pasa con el agua se decide desde las instituciones centrales y tenemos poco presupuesto, incluso en agua y saneamiento, la inversión ha ido disminuyendo, estamos hablando de una disminución del mil por ciento, es casi una de las cifras que nos cuesta comprender y que para casos de la crisis de Monterrey se dio un presupuesto de equivalente a cien años de inversión para el estado, no existimos en el mapa y es un llamado a los tomadores de decisiones para que pongamos la problemática en el mapa.
En el 2023 se realizaron tres encuentros por el agua en Chiapas con la asistencia de las principales organizaciones afectadas por la negación del derecho humano de acceso al agua como las comunidades rurales, infancias juventudes, mujeres y pueblos indígenas, lo que buscamos es que se reconocer la capacidad de organización para atender la problemática, reiteró Olvera Molina.
Tiene que haber un plan de justicia hídrico para Chiapas, necesitamos dar mayores evidencias aunque esta es muy contundente, todos reconocemos al menos un caso de gravedad y sus consecuencias por no atenderse el tema de manera suficiente del agua aun cuando somos el estado con el 30 por ciento de los recursos hídricos del país, apuntó.
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