La propuesta del Plan B del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendría un impacto negativo en el personal del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, ya que la eliminación del Servicio Profesional Electoral y rama administrativa afectaría al 85 por ciento de los trabajadores de la entidad, según explicó Flor Denisse Pérez Chávez, vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva.
La falta de claridad sobre qué sucederá con los trabajadores y sus derechos laborales es una preocupación para los afectados, ya que algunos de ellos llevan hasta 30 años en la institución. Además, la eliminación del procedimiento para evaluar los espacios para la instalación de casillas genera incertidumbre sobre el funcionamiento institucional durante el proceso electoral 2023-2024, que iniciará en junio de este año.
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El personal de Chiapas está distribuido en la Junta Local Ejecutiva, las 13 Juntas Distritales y los 48 Módulos de Atención Ciudadana responsables de la actualización del Padrón Electoral y Listado Nominal. La eliminación de las prestaciones de seguridad social en el ISSSTE, salarios y bonos, así como la falta de claridad sobre quiénes serán los trabajadores que se quedarán y quiénes se irán, genera incertidumbre y preocupación.
La ubicación de los módulos en inmuebles prestados por las presidencias municipales también genera inquietud, ya que la institución estaría sujeta a las disposiciones de las autoridades municipales. En este sentido, la defensa de los derechos de los trabajadores tendría que ser realizada de manera individual o independiente, lo que hace que no haya certeza sobre el respeto de los derechos de antigüedad.
Pérez Chávez señaló que las determinaciones del Congreso de la Unión afectan al sistema electoral, la vida de la institución, su estructura y los derechos de los trabajadores en el país. Esta reforma es la primera de su tipo desde el nacimiento de la institución y tiene un impacto significativo en la labor del INE en Chiapas y en el país en general.
