Retorno en condiciones dignas y seguras, exigen 34 tseltales de Ocosingo

Indígenas tseltales de la comunidad Cintalapa del municipio de Ocosingo, región Selva, demandan garantías para el retorno en condiciones dignas a sus viviendas, de las que fueron expulsados el 6 de marzo del 2009 por militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El representante, Armando Méndez Núñez, expuso que han transcurrido más de 10 años de exilio y no han tenido acceso a la justicia: son 11 mujeres adultas, una de la tercera edad; cuatro niñas; nueve hombres adultos, uno anciano; siete adolescentes y tres varones pequeños.

Dijo en entrevista, en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, que fueron desplazados violentamente por ser adherentes de la Sexta Declaración del EZLN, sin embargo, la lucha por la justicia no ha dado resultados, prevalece la impunidad y la oferta de retorno en un ambiente de seguridad por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se ha cumplido.

Las familias han requerido al gobierno del estado la compra de un predio de una hectárea en la cabecera municipal de Ocosingo. ISAÍ FLORES

Precisó que en los últimos años, las familias han requerido al gobierno del estado la compra de un predio de una hectárea en la cabecera municipal de Ocosingo para la construcción de casa-habitación, que no es lo justo, ni lo ideal; pero ante la inseguridad para retornar, están dispuestos a aceptarlo.

Reveló que el gobierno de Manuel Velasco Coello nunca atendió las peticiones, sus excusas fueron siempre el que no había medios para el retorno; no obstante, no aplicó la ley, se violentaron sus derechos humanos, y en cambio entregó en su momento alimentos caducados.

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En el espacio que ocupan, en la cabecera municipal de Ocosingo, viven en contextos insalubres, donde reciben ayuda humanitaria para su sobrevivencia, aunque debería ser de más calidad y en suficiencia, así como servicios médicos.

Méndez Núñez puntualizó que, dentro de la desesperación por la injusticia, han pretendido regresar por su propia voluntad a pesar de los riesgos por la inseguridad, haciendo uso de sus usos y costumbres, los detiene su deber de proteger a los menores; “nuestra exigencia es que se aplique la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

”Nosotros no tenemos a donde vivir en condiciones dignas, el gobierno federal dijo que iba a buscar nuestro retorno a la comunidad de donde fuimos expulsados, o que nos iba a reubicar en otro predio, pero no se ha cumplido ningún planteamiento de esos acuerdos”, explicó.