Tuxtla Gutiérrez.- El Sistema Estatal Anticorrupción debe desbaratar las redes que se han tejido en Chiapas durante muchos años, pero necesariamente tiene que participar la sociedad, por ello, en este año se integrará el Comité Ciudadano Anticorrupción que deberá entrar en funciones el 1 de enero del 2020, pero también presentando denuncias.

La vicepresidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Carolina Elizabeth Sholé Gómez, expuso que se ha emitido convocatoria para la designación de siete ciudadanos especialistas en fiscalización que su labor será honoraria.

Dijo que se está en proceso de recepción de propuestas, se deberá realizar la selección en octubre y en noviembre deberá ser integrado por ciudadanos que no tendrán remuneración económica, en tanto se tendrá que generar presupuesto, patrimonio, inmueble y estructura del Comité Técnico Anticorrupción para que entre en funciones a partir del 1 de enero del 2020.

Según la legisladora local de Morena, tendrá funciones como un organismo defensor de derechos humanos, y descarta que venga a suplir funciones de la Auditoría Superior de la Federación, tendrá una función regulatoria que contribuirá a hacer frente y combatir con energía la corrupción pasada y presenta, como prevenir para el futuro.

Expuso que la actuación del sistema va dedicado a transparentar el ejercicio del gasto público, si bien la deuda pública del gobierno pasada es de 22 mil millones de pesos, existen pasivos en varios sectores como educación por más de 2 mil 600 millones, como en salud, escuelas, el campo y otros rubros, que deben resolverse a pegado a derecho, “hay que ir a fondo”.

Los ciudadanos emitirán proceso contra funcionarios públicos, ex funcionarios y responsables del mal manejo de los recursos públicos, incluyendo particulares, y se circunscribe en las políticas públicas federal y estatal para la aplicación correcta de los recursos públicos, la rendición de cuentas, vigilancia de las conductas de los servidores públicos, apuntó.

Sholé Gómez negó que en la designación de los ciudadanos hayan recomendados, es responsabilidad de todos el combate a la pobreza y la Cuarta Transformación de la vida pública del país, la ciudadanía exige justicia y el Estado mexicano está obligado a cumplir, generar certeza y bienestar.