Desde el 14 de febrero de este 2022 los socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA de CV o Conejobús, siguen en plantón indefinido en espera de respuesta por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, esto debido a que en febrero del 2020 se anunció la disolución de la sociedad, pretendiéndoles arrebatar sus 139 placas y concesiones de lo que fueron las rutas 1 y 2 del transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez, hasta ahora suman ya 29 meses de retraso en el pago de sus ingresos por la sociedad, dando un monto por 101.5 millones de pesos.
Los socios ya no quieren dar entrevistas a medios de comunicación, dicen que están cansados, pero se mantienen firmes en la defensa de sus concesiones que les otorgó el gobierno del estado, las primeras en recibir fueron del gobierno de Juan Sabines Gutiérrez, otros en el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, desde enero del 2010 se conformó la sociedad que funcionó hasta enero del 2020.
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Los manifestantes dicen estar cansados del engaño del Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, que anunció la disolución y que los ha traído en promesas de pagos que no se cumplen, en algún momento solo les ofreció el pago de 10 meses, situación que no aceptan los socios pues se mantienen firmes en la recepción de los 29 meses de adeudo, ya que son 139 familias y 105 socios.
Desde la disolución han fallecido 27 socios por enfermedades crónicas o por la pandemia del Covid 19, a ellos no solo le siguen llorando sus familiares, sino también sus compañeros socios porque no lograron su objetivo, recuperar sus bienes, sus derechos, y aunque han acudido a la justicia federal, aún no han alcanzado soluciones, ven lejana la posibilidad de sus pagos, aún con el cansancio y aburrimiento por la lucha sin resultados, advierten que se mantendrán firmes.
Para sobrevivir se han tenido que emplear en diversas actividades, lo que haya, ya están grandes de edad, una de las principales actividades ha sido el empacar cosas en las grandes tienda, los llamados cerillos u otras actividades, ellos dicen que hay que buscarle, quien lleva la gestión legal y jurídica es la doctora Alejandra Chagoya Labra.
No obstante, recalcan que no darán marcha atrás en la demanda del pago inmediato de la deuda total, no aceptan la propuesta del Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, de un único pago por 10 meses por 35 millones de pesos como finiquito, porque insisten, no es lo legal, ni lo justo.
Son 139 familias que por más de 40 años han trabajado con mucho esfuerzo y dedicación para forjar, dicen, su patrimonio familiar y ahora que los ven grandes de edad, enfermos, cansados y discapacitados pretende la Secretaría de Movilidad y Transporte despojarlos de su patrimonio y de sus derechos, siendo esa su única fuente de trabajo e ingreso, ellos mantienen su postura de la defensa con dignidad y en apego a la ley.
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