/ jueves 30 de diciembre de 2021

INE acatará ordenamiento y llevará a cabo consulta de Revocación de Mandato

Por unanimidad, los consejeros determinaron continuar con el proceso para la consulta de la Revocación de Mandato

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó acatar el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de llevar a cabo la consulta de Revocación de Mandato, para el próximo años 2022, por lo que ajustarán los recursos y en caso necesario solicitarán a la Secretaría de Hacienda.

Por unanimidad los consejeros determinaron continuar con el proceso para la consulta de la Revocación de Mandato y además llevar a cabo una revisión y adecuación interna a su presupuesto y en todo caso, solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos adicionales para poder llevar a cabo este ejercicio.

El presidente del INE Lorenzo Cordova, tras las resoluciones de la SCJN y del TEPJF afirmó que “vamos a acatas todas las resoluciones judiciales integralmente, leyendo todas las sentencias. El INE va ir adelante cumpliendo la Constitución y lo que le mandata”.

“Qué bueno que se judicializó este asunto, que se tomó la decisión y que el tribunal nos marcó la ruta”, pero que en caso de no lograr obtener los recursos por adecuaciones presupuestales al interior del INE o que Hacienda nos dote recursos “a los imposible nadie está obligado”.

En sesión extraordinaria los consejeros señalan que el TEPJF detalla las adecuaciones del INE no deben afectar sus estatutos en materia laboral, que afecte sueldos y prestaciones de los propios consejeros o funciones del Instituto.

En este sentido, Lorenzo Cordova, presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló que el ordenamiento del Tribunal fue precisamente quien abrió una nueva expectativa de poder hacer una adecuación presupuestal, pero que no se puede poner en riesgo las atribuciones constitucionales que tenemos, ni sus obligaciones legales y las estatutarias en materia laboral.

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El presidente del INE señaló que desconoce si al interior del mismo se logrará eficiencias para obtener 2 mil 300 millones de pesos, pero no vamos a dejar de entregar credenciales, fiscalizar y realizar monitoreos, ni afectar los derechos laborales que están en la Constitución.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó acatar el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de llevar a cabo la consulta de Revocación de Mandato, para el próximo años 2022, por lo que ajustarán los recursos y en caso necesario solicitarán a la Secretaría de Hacienda.

Por unanimidad los consejeros determinaron continuar con el proceso para la consulta de la Revocación de Mandato y además llevar a cabo una revisión y adecuación interna a su presupuesto y en todo caso, solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos adicionales para poder llevar a cabo este ejercicio.

El presidente del INE Lorenzo Cordova, tras las resoluciones de la SCJN y del TEPJF afirmó que “vamos a acatas todas las resoluciones judiciales integralmente, leyendo todas las sentencias. El INE va ir adelante cumpliendo la Constitución y lo que le mandata”.

“Qué bueno que se judicializó este asunto, que se tomó la decisión y que el tribunal nos marcó la ruta”, pero que en caso de no lograr obtener los recursos por adecuaciones presupuestales al interior del INE o que Hacienda nos dote recursos “a los imposible nadie está obligado”.

En sesión extraordinaria los consejeros señalan que el TEPJF detalla las adecuaciones del INE no deben afectar sus estatutos en materia laboral, que afecte sueldos y prestaciones de los propios consejeros o funciones del Instituto.

En este sentido, Lorenzo Cordova, presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló que el ordenamiento del Tribunal fue precisamente quien abrió una nueva expectativa de poder hacer una adecuación presupuestal, pero que no se puede poner en riesgo las atribuciones constitucionales que tenemos, ni sus obligaciones legales y las estatutarias en materia laboral.

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