Senadoras del PAN presentaron una iniciativa de ley, apodada la “Ley Bartlett’’ para cerrar los resquicios y fortalecer el sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses, así como los mecanismos de supervisión, fiscalización y punición.
Se propone en el Código Penal Federal, ampliar el tipo penal de ejercicio ilícito del servidor público, cuando falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones patrimoniales o de intereses o se oculte el incremento de su patrimonio o el de todas las personas cercanas.
En ese sentido, la cárcel será de dos a siete años de prisión a 150 días de multa.
En conferencia con medios, Xóchitl Gálvez destacó que el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, es un ejemplo de las incongruencias del actual gobierno, que lleva como su principal bandera la transparencia y el combate a la corrupción, porque omitió información en sus declaraciones.
La senadora afirmó que la actual administración federal mide con diferente vara los conflictos de interés, pues condenó al comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer y defiende al titular de la CFE, que bajo el argumento que su pareja e hijos son independientes económicamente, no declaró 25 propiedades y 12 empresas.
La iniciativa amplía la definición de “conflicto de interés’’ para incluir en las causas posibles de desempeño parcial a las relaciones familiares por consanguinidad o afinidad, de pareja, de amistad, efectivas, profesionales y laborales, en razón de que todas ellas pueden ser motivo de conflicto de interés.
Se dispone que los servidores públicos que estén obligados a presentarla deberán adjuntar a su declaración patrimonial copia de su declaración del Impuesto Sobre la Renta; ello en razón de que es un instrumento indispensable para el control de la evolución patrimonial del declarante, pues en la actualidad solo se requiere presentar constancia de haberla presentado, lo cual imposibilita a la autoridad anticorrupción comparar cifras y datos.
Se crea la obligación para la Secretaría de la Función Pública de llevar a cabo revisiones anuales de la evolución patrimonial de los servidores públicos y estudios sobre la congruencia y consistencia de las declaraciones presentadas.
Asimismo, se amplía y clarifica el espectro de familiares y personas cercanas al declarante, cuyo patrimonio deberá ser declarado por el servidor público.
Se incluye en la definición de cohecho, así como de enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, a todos los beneficios indebidos que el servidor público procure u obtenga para su cónyuge, concubina o concubinario, conviviente, o pareja sentimental, parientes por consanguinidad o afinidad, en línea o colateral hasta el segundo grado, para terceros con los que tenga relaciones de dependencia económica, tutelar o tutoría, profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
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