En la Cámara de Diputados se impulsa una reforma para considerar a la discriminación laboral por embarazo como una forma de violencia en contra de las mujeres y así brindarles atención médica, psicológica y legal de manera gratuita en caso de ser víctimas.
Si bien ésta práctica ya está tipificada como delito en México, muchas mujeres deciden no denunciar por miedo a ser despedidas, perder la seguridad social y quedarse sin atención para su parto.
En entrevista con El Sol de México, Valeria González Ruiz, coordinadora de Vinculación e Incidencia en Política Pública de Early Institute, detalló que la iniciativa fue presentada por la diputada morenista Julieta Vences, apoyada con los hallazgos del Early Institute, y plantea agregar un artículo 11 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y modificar nueve ordenamientos de la citada ley para erradicar el problema de la discriminación laboral por embarazo que destacó, no es un tema menor.
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La especialista mencionó que 2.8 millones de mujeres han vivido este tipo de discriminación, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021 y el 69.3 por ciento de las denuncias que se reciben por discriminación en la Fiscalía General de la República (FGR) son por razones de género, entre ellas el embarazo, sin embargo, la práctica no desaparece.
González Ruiz explicó que el artículo 149 Ter del Código Penal Federal es el que prevé sanciones de uno a tres años por discriminación laboral por embarazo pero advirtió que como muchas otras leyes en México, no garantiza una protección integral, pues sólo sanciona, pero no contempla otras consecuencias de interponer la denuncia.
“Cuando a las mujeres embarazadas se les amenaza de despido, se les despide, las obligan a renunciar o son blanco de hostigamiento y no se atreven a decir algo, es porque no quieren perder su trabajo ni perder el acceso a la seguridad social y eso es muy importante. Les angustia que no van a tener donde un hospital donde parir o que no tienen dinero para para todo lo que implica este proceso”, indicó.
Por lo tanto, destacó la importancia de que aprobar la iniciativa presentada para no dejar desprotegidas a las mujeres en caso de ser despedidas y emprender una acción legal en contra del acto de discriminación.
Enfatizó que la discriminación por embarazo no afecta únicamente a mujeres en este estado sino a todas. Esto teniendo en cuenta que es una práctica recurrente al momento de la contratación preguntar si tiene planeado embarazarse y eso, dijo González Ruiz, se convierte en un motivo para no seleccionarlas.
Agregó que hay estudios que demuestran que es más costoso para las empresas la rotación de personal que provoca el despido de mujeres embarazadas, que generar políticas públicas que permitan la conciliación entre la vida laboral y familiar de sus trabajadoras que, aseguró, no son menos capaces que el resto de trabajadores pero que si requieren de atención diferenciada.
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“Una mujer que está embarazada o que es madre no es menos capaz por eso, pero sí requiere una atención reforzada, una mentalidad en los espacios laborales para que no exista un ambiente que sea nocivo para la maternidad y el embarazo”, dijo.
