/ jueves 31 de enero de 2019

CNDH atrajo el caso de Amatán y Arriaga

En Amatán piden que la investigación la realice la Fiscalía General de la República

Tuxtla Gutiérrez.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo los casos de las ejecuciones de Sinar Corzo Esquinca ocurrido en Arriaga el 3 de enero y las ejecuciones de los dirigentes es de la Movimiento Campesino Regional Independiente en Amatán el 22 de enero, aunque ya habían medidas cautelares y se notificaron a la secretaría de Gobierno, Fiscalía General del Estado y Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez, explicó que los sacerdotes Marcelo Pérez Pérez, vicario de pastoral social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, como el párroco de Amatán, José Domínguez Domínguez, han aceptado las medidas cautelares emitidas a su favor y la seguridad personal.

"Tienen ya apoyo de seguridad de parte de la Fiscalía General del Estado by la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, yo solicité personalmente y verbalmente el apoyo y los sacerdotes lo aceptaron y aceptaron la vigilancia", enfatizó.

Dijo que las visitadurías de Palenque y Pichucalco de la CEDH ha dado seguimiento muy puntual al caso, por los crímenes contra los miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente ( MOCRI), aunque será la CNDH es quien asumió el caso, y ahora las poblaciones piden en Amatán la intervención de la Fiscalía General de la República.

Las 27 personas desplazadas de Amatán a Pichucalco ya retornaron a sus hogares, aunque por este caso se abrió un nuevo expediente, por la condición de víctima de los desplazados, la Fiscalía General del Estado ha hecho la mediación con los grupos que se enfrentaron para el regreso.

La Policía Federal y el Ejército mexicano han tomado el control de la seguridad en Amatán, resuardan la presidencia municipal, apuntó Zepeda Bermúdez.

Tuxtla Gutiérrez.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo los casos de las ejecuciones de Sinar Corzo Esquinca ocurrido en Arriaga el 3 de enero y las ejecuciones de los dirigentes es de la Movimiento Campesino Regional Independiente en Amatán el 22 de enero, aunque ya habían medidas cautelares y se notificaron a la secretaría de Gobierno, Fiscalía General del Estado y Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez, explicó que los sacerdotes Marcelo Pérez Pérez, vicario de pastoral social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, como el párroco de Amatán, José Domínguez Domínguez, han aceptado las medidas cautelares emitidas a su favor y la seguridad personal.

"Tienen ya apoyo de seguridad de parte de la Fiscalía General del Estado by la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, yo solicité personalmente y verbalmente el apoyo y los sacerdotes lo aceptaron y aceptaron la vigilancia", enfatizó.

Dijo que las visitadurías de Palenque y Pichucalco de la CEDH ha dado seguimiento muy puntual al caso, por los crímenes contra los miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente ( MOCRI), aunque será la CNDH es quien asumió el caso, y ahora las poblaciones piden en Amatán la intervención de la Fiscalía General de la República.

Las 27 personas desplazadas de Amatán a Pichucalco ya retornaron a sus hogares, aunque por este caso se abrió un nuevo expediente, por la condición de víctima de los desplazados, la Fiscalía General del Estado ha hecho la mediación con los grupos que se enfrentaron para el regreso.

La Policía Federal y el Ejército mexicano han tomado el control de la seguridad en Amatán, resuardan la presidencia municipal, apuntó Zepeda Bermúdez.

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