Recién le daba cuenta de las diferencias entre el gremio bursátil y la SHCP de Rogelio Ramírez de la O en la elaboración de las reglas para poner en marcha “las emisiones simplificadas”.
La reglamentación secundaria con 28 artículos que elaboró la Unidad de Banca de SHCP de Alfredo Navarrete fueron sometidas al escrutinio de la AMIB de Álvaro García Pimentel, BMV de José-Oriol Bosch y BIVA de Santiago Urquiza.
El gremio solicitó cantidad de ajustes para facilitar el accionar de las intermediarias. Inclusive las bolsas pretenden deslindarse de toda responsabilidad de esas operaciones orientadas a medianas empresas, de por sí delicadas.
La subsecretaría de Gabriel Yorio deberá hilar delgado. De aceptar las peticiones, los riesgos a futuro para los inversionistas son enormes, máxime los últimos escándalos.
De hecho ayer María Ariza subió a la red un escrito exprofeso justo cuando BIVA está en medio del escándalo de AgroFibra de Jorge Guajardo Hesles con perjuicios para Afore Inbursa, XXI e Infonavit de Carlos Martínez.
Ariza señala que ella sabe lo que dice porque “tiene una posición privilegiada para poder examinar los entretelones del mercado accionario”. En su óptica la opinión que una bolsa emite para que una emisora coloque es “declarativa” y “en ningún caso convalida actos jurídicos, ni certifican la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras”.
Según la ejecutiva, la veracidad de la información sólo atañe a las partes involucradas y “bajo ninguna circunstancia” su opinión debe tener un efecto para “convalidar actos jurídicos, ni certificar la bondad o desafío futuro de los valores objeto del listado”.
Tampoco para “asegurar la solvencia, calidad crediticia o liquidez de las emisoras”, o como “recomendación” sobre dichos valores.
Dice que en el caso de deuda o estructurados, “las calificadoras realizan evaluaciones de la solidez de las empresas o valores”, emiten una opinión y califican. También están los auditores externos, amén de que los institucionales realizan sus “due diligence”.
En ese sentido Ariza remata que si se presentara alguna irregularidad con algunas emisoras “las bolsas no somos responsables”. O sea se lava las manos.
Sirva señalar que con todo y ese andamiaje, recién se han visto fraudes bursátiles que han afectado inclusive a instituciones públicas. Están los casos de Corafi de René Dávila y Escorfin de Roberto Guzmán. Ni hablar de Mexarrend, Crédito Real y Unifin de Rodrigo Lebois. Millones de dólares insolventes. Ahora mismo la sofom Mega de Guillermo Romo preocupa. Se anticipan más pérdidas y justo su papel se ofertó en BIVA.
Así que eludir responsabilidades, incluida la CNBV de Jesús de la Fuente, no suena sensato.
APAGONES INELUDIBLES, ESTADO RESPONSABLE Y 15,000 MDD
Los recientes apagones son la crónica de un riesgo anunciado. Ayer Andrés Manuel López Obrador trató de diluir el rol de CFE de Manuel Bartlett. La IP nada tiene que ver con transmisión y distribución, talón de Aquiles por la falta de inversiones en el sexenio. Esta es atribución exclusiva del Estado. Con el calor la demanda operativa crece a cerca de la capacidad de 57 gigas. La AME de Abraham Zamora calcula que ahí se requieren inversiones anuales de unos 15,000 mdd. De ahí más apagones a la vista.
LEGISLAN VS MEDICINA PIRATA, LARGO CAMINO Y CRIMEN ORGANIZADO
Aunque falta mucho, la Comisión de Salud de Diputados a cargo de Emmanuel Reyes aprobó una iniciativa para aumentar las penas de cárcel de 3 a 15 años para quienes vendan medicina caduca o falsificada, altere empaques para tal fin y fabrique producto final o materias primas hechizas de 5 a 20 años. Ahí el crimen organizado trae la batuta. AMIIF de Larry Rubín advierte de altos crecimientos.
