/ miércoles 21 de noviembre de 2018

Cincuenta años de conflictos religiosos

Se agudizaron nuevamente durante el gobierno de Juan Sabines, entre los años 2006 y 2012

  • Cada cuatro meses se reúne el Cich para analizar casos de intolerancia y expulsiones


Lee la primer parte: Sacerdotes y pastores unidos contra la intolerancia religiosa

La violencia y las expulsiones por motivos religiosos, en las zonas indígenas de Chiapas, tienen una historia de casi 50 años de altibajos. Así, después de dos décadas de relativa calma, este tipo de conflictos se agudizó nuevamente durante el gobierno de Juan Sabines, entre los años 2006 y 2012, lo que derivó en desplazamientos forzados de familias evangélicas en diez comunidades.

El más reciente caso, sucedió el 17 de agosto de 2017, cuando seis familias evangélicas fueron expulsadas del ejido Ya’ altzi Tres Lagunas, municipio de Comitán, por lo que se mantiene una mesa de negociación, promovida por la subsecretaría de Asuntos Religiosos, sin que a la fecha se hayan logrado acuerdos que permitan el retorno de estas familias.

De 77 expedientes de conflictos religiosos recibidos en 2012, se lograron resolver 144 asuntos y al terminar el actual sexenio sólo quedan 12 casos en vías de solución, indica Víctor Hugo Sánchez Zebadúa, subsecretario de Asuntos Religiosos del gobierno de Chiapas.

Desde las primeras expulsiones masivas de evangélicos registradas entre 1974 y 1976 en San Juan Chamula, los conflictos por motivos religiosos han registrados oleadas, es decir, alzas y bajas intempestivas. Muchos enfrentamientos intercomunitarios se presentan, en un primer momento, como producto “de diferencias religiosas”, aunque su verdadero origen son conflictos políticos o económicos. “En épocas electorales, resurgen los conflictos religiosos”, afirma el pastor Jorge Alberto Gutiérrez, presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de Chiapas.

El municipio de Las Margaritas fue escenario de conflictos religiosos durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. El 8 de octubre de 2000 fueron expulsadas 25 familias evangélicas en el ejido Justo Sierra y el 6 de octubre de 2004 se registró otro desplazamiento forzado en la comunidad 20 de Noviembre.



Las expulsiones de familias evangélicas se incrementaron en el siguiente sexenio, durante el gobierno de Juan Sabines. En el municipio de Las Margaritas se registraron los casos de: La Piedad (8 de abril de 2013), Buena Vista Bahuitz (13 de febrero de 2011) y La Realidad (4 de febrero de 2013). En el municipio de Altamirano, estos eventos ocurrieron en Pushilá (14 de mayo de 2011) y en San Miguel Chip Tic (23 de junio de 2013).

En San Cristóbal de Las Casas se registraron dos expulsiones: en Los Llanos (13 de enero de 2010) y en Yashtintin (14 de junio de 2012). En Huixtán estuvieron los casos de Lázaro Cárdenas Chilil (22 de octubre de 2009) y San Gregorio Las Casas (7 de mayo de 2010). Y en el municipio de Tumbalá hubo un desplazamiento forzado en la comunidad “José María Morelos y Pavón”, en mayo de 2013.

Muchas familias que habían sido expulsadas de sus comunidades en aquellos años, pudieron retornar a sus lugares de origen, en base a mesas de negociación, coordinadas por la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del gobierno estatal, en fechas recientes. Destacan los casos en el municipio de Las Margaritas:

El 27 de enero de 2015, las familias evangélicas desplazadas del ejido “La Piedad”, pudieron regresar a su comunidad, aunque cinco familias optaron por quedarse a vivir en Comitán, debido a que habían vendido sus tierras. Actualmente las autoridades ejidales son representadas en un 90 por ciento por personas que profesan una fe evangélica.

El 24 de marzo de 2015 se logró el retorno de 12 familias que por diferencias religiosas con la mayoría de la comunidad habían sido expulsadas desde el año 2011 del ejido “Buena Vista Bahuitz”.

En el ejido La Realidad, el 15 de julio de 2015, se firmó un acta de acuerdos, en la que las partes se comprometieron a respetarse mutuamente, quedando garantizada la libertad de creencias y de culto de todos los habitantes del lugar,

Igual sucedió en Gabriel Leyva, el 7 de mayo de 2017, que se firmó un Convenio de Civilidad, Distensión y Respeto Mutuo entre las partes, permitiendo el regreso de varias familias desplazadas.

También en la localidad Pushilá, municipio de Altamirano, el 20 de diciembre de 2013 se firmó un Acta de Acuerdos y Convivencia Comunitaria, permitiendo el regreso de familias desplazadas.



Un caso triste fue el de “Rosario Bahuitz”, donde el Ayuntamiento donó un predio para que pudiera regresar una familia que había sido expulsada en 2013, pero ésta no retornó al ejido ya que había perdido sus tierras de labranza.

El Consejo Interreligioso de Chiapas (Cich) nació en 1992, por iniciativa de un pastor adventista, cuando el gobierno federal convocó a los directivos de las diferentes confesiones religiosas, en el contexto de la reforma constitucional y la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y en esos años, entre 1991 y 2001 el número de conflictos religiosos en la entidad representaron 69.32 por ciento del total registrado en cuatro décadas.

Es decir, las mayores tensiones ocurrieron en los años en que las reformas constitucionales en la materia favorecieron el reconocimiento jurídico de la pluralidad religiosa nacional, según muestra la investigación (Diversidad religiosa y conflicto en Chiapas), coordinada por Carolina Rivera Farfán, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Ante este panorama, en donde está latente la violencia por presuntas diferencias religiosa, cada cuatro meses, se reúnen los representantes legales de bautistas, presbiterianos, adventistas, mormones, nazarenos, además de los católicos de las diócesis de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula, que conforman el Cich y analizan los casos de intolerancia religiosa que se hubieran presentado en algunas comunidades, para tratar de ver de qué forma ayudan a solucionarlos, también de acuerdo con la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del Estado.

“Aquí no discutimos cuestiones de fe, ni cuestiones religiosas. Nos reunimos, nos saludamos, nos vemos como hermanos y sabemos que tenemos diferentes creencias, pero no se trata de ganar adeptos, sino de lanzar propuestas para el bien social”, reafirma el sacerdote José Luis Aguilera Cruz, actual presidente del Cich.

(continuará)

  • Cada cuatro meses se reúne el Cich para analizar casos de intolerancia y expulsiones


Lee la primer parte: Sacerdotes y pastores unidos contra la intolerancia religiosa

La violencia y las expulsiones por motivos religiosos, en las zonas indígenas de Chiapas, tienen una historia de casi 50 años de altibajos. Así, después de dos décadas de relativa calma, este tipo de conflictos se agudizó nuevamente durante el gobierno de Juan Sabines, entre los años 2006 y 2012, lo que derivó en desplazamientos forzados de familias evangélicas en diez comunidades.

El más reciente caso, sucedió el 17 de agosto de 2017, cuando seis familias evangélicas fueron expulsadas del ejido Ya’ altzi Tres Lagunas, municipio de Comitán, por lo que se mantiene una mesa de negociación, promovida por la subsecretaría de Asuntos Religiosos, sin que a la fecha se hayan logrado acuerdos que permitan el retorno de estas familias.

De 77 expedientes de conflictos religiosos recibidos en 2012, se lograron resolver 144 asuntos y al terminar el actual sexenio sólo quedan 12 casos en vías de solución, indica Víctor Hugo Sánchez Zebadúa, subsecretario de Asuntos Religiosos del gobierno de Chiapas.

Desde las primeras expulsiones masivas de evangélicos registradas entre 1974 y 1976 en San Juan Chamula, los conflictos por motivos religiosos han registrados oleadas, es decir, alzas y bajas intempestivas. Muchos enfrentamientos intercomunitarios se presentan, en un primer momento, como producto “de diferencias religiosas”, aunque su verdadero origen son conflictos políticos o económicos. “En épocas electorales, resurgen los conflictos religiosos”, afirma el pastor Jorge Alberto Gutiérrez, presidente de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de Chiapas.

El municipio de Las Margaritas fue escenario de conflictos religiosos durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. El 8 de octubre de 2000 fueron expulsadas 25 familias evangélicas en el ejido Justo Sierra y el 6 de octubre de 2004 se registró otro desplazamiento forzado en la comunidad 20 de Noviembre.



Las expulsiones de familias evangélicas se incrementaron en el siguiente sexenio, durante el gobierno de Juan Sabines. En el municipio de Las Margaritas se registraron los casos de: La Piedad (8 de abril de 2013), Buena Vista Bahuitz (13 de febrero de 2011) y La Realidad (4 de febrero de 2013). En el municipio de Altamirano, estos eventos ocurrieron en Pushilá (14 de mayo de 2011) y en San Miguel Chip Tic (23 de junio de 2013).

En San Cristóbal de Las Casas se registraron dos expulsiones: en Los Llanos (13 de enero de 2010) y en Yashtintin (14 de junio de 2012). En Huixtán estuvieron los casos de Lázaro Cárdenas Chilil (22 de octubre de 2009) y San Gregorio Las Casas (7 de mayo de 2010). Y en el municipio de Tumbalá hubo un desplazamiento forzado en la comunidad “José María Morelos y Pavón”, en mayo de 2013.

Muchas familias que habían sido expulsadas de sus comunidades en aquellos años, pudieron retornar a sus lugares de origen, en base a mesas de negociación, coordinadas por la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del gobierno estatal, en fechas recientes. Destacan los casos en el municipio de Las Margaritas:

El 27 de enero de 2015, las familias evangélicas desplazadas del ejido “La Piedad”, pudieron regresar a su comunidad, aunque cinco familias optaron por quedarse a vivir en Comitán, debido a que habían vendido sus tierras. Actualmente las autoridades ejidales son representadas en un 90 por ciento por personas que profesan una fe evangélica.

El 24 de marzo de 2015 se logró el retorno de 12 familias que por diferencias religiosas con la mayoría de la comunidad habían sido expulsadas desde el año 2011 del ejido “Buena Vista Bahuitz”.

En el ejido La Realidad, el 15 de julio de 2015, se firmó un acta de acuerdos, en la que las partes se comprometieron a respetarse mutuamente, quedando garantizada la libertad de creencias y de culto de todos los habitantes del lugar,

Igual sucedió en Gabriel Leyva, el 7 de mayo de 2017, que se firmó un Convenio de Civilidad, Distensión y Respeto Mutuo entre las partes, permitiendo el regreso de varias familias desplazadas.

También en la localidad Pushilá, municipio de Altamirano, el 20 de diciembre de 2013 se firmó un Acta de Acuerdos y Convivencia Comunitaria, permitiendo el regreso de familias desplazadas.



Un caso triste fue el de “Rosario Bahuitz”, donde el Ayuntamiento donó un predio para que pudiera regresar una familia que había sido expulsada en 2013, pero ésta no retornó al ejido ya que había perdido sus tierras de labranza.

El Consejo Interreligioso de Chiapas (Cich) nació en 1992, por iniciativa de un pastor adventista, cuando el gobierno federal convocó a los directivos de las diferentes confesiones religiosas, en el contexto de la reforma constitucional y la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y en esos años, entre 1991 y 2001 el número de conflictos religiosos en la entidad representaron 69.32 por ciento del total registrado en cuatro décadas.

Es decir, las mayores tensiones ocurrieron en los años en que las reformas constitucionales en la materia favorecieron el reconocimiento jurídico de la pluralidad religiosa nacional, según muestra la investigación (Diversidad religiosa y conflicto en Chiapas), coordinada por Carolina Rivera Farfán, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Ante este panorama, en donde está latente la violencia por presuntas diferencias religiosa, cada cuatro meses, se reúnen los representantes legales de bautistas, presbiterianos, adventistas, mormones, nazarenos, además de los católicos de las diócesis de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula, que conforman el Cich y analizan los casos de intolerancia religiosa que se hubieran presentado en algunas comunidades, para tratar de ver de qué forma ayudan a solucionarlos, también de acuerdo con la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del Estado.

“Aquí no discutimos cuestiones de fe, ni cuestiones religiosas. Nos reunimos, nos saludamos, nos vemos como hermanos y sabemos que tenemos diferentes creencias, pero no se trata de ganar adeptos, sino de lanzar propuestas para el bien social”, reafirma el sacerdote José Luis Aguilera Cruz, actual presidente del Cich.

(continuará)

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