Por adeudos con proveedores, al cierre del año pasado la administración pública estatal afrontaba juicios mercantiles cuantificados en conjunto en cerca de mil millones de pesos (mdp). “Algunos ya están a punto de ejercer el cobro”, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda de la entidad (SH).
El titular de dicha dependencia, Javier Jiménez Jiménez, dijo que esos requerimientos llegaron en un momento en el que Chiapas contó con una relativa libre disposición de menos de la mitad de los poco más de 91 mil millones de pesos (mdp) que tuvo como presupuesto en 2019.
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De esa bolsa, 22 mil mdp fueron para los municipios, el capítulo de servicios personales acaparó 14 mil mdp y 38 mil mdp correspondieron a aportaciones y fondos etiquetados, detalló.
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Informó que por esa razón, desde el inicio del sexenio implementaron un plan de austeridad que contempló acciones como revisión de plazas laborales en las dependencias, eliminación de las nóminas “confidenciales”, ajuste a la baja de los salarios y reducción del número de organismos públicos. A ello hay que sumar el envío de partidas extraordinarias de la Federación, adecuación de instrumentos financieros y limitación de compras de “aquello que no fuera indispensable”; además, la solicitud expresa de ahorrar en sectores “que tienen una presión de recursos muy fuerte” como educación y salud, sobre todo porque la instrucción es no contratar deuda pública.
Hay juicios mercantiles que están en la etapa final. Por ley, el gobierno del estado debe acatar las sentencias, además de que algunas de ellas provienen de mandato federal. “De verdad que fue una ingratitud, pero no vamos a ser omisos, poco a poco, ir avanzando”, aseguró.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal (SHCP) informó que al cierre del tercer trimestre del año pasado la entidad sostenía obligaciones financieras a corto plazo y con proveedores y/o contratistas por dos mil 726 mdp, de los cuales 916 mdp corresponden a los últimos.
Para este ejercicio las instituciones públicas deben “reducir al máximo” el gasto en 14 rubros; así como restringir la adquisición o arrendamientos de bienes inmuebles y vehículos terrestres, aéreos y marítimos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de 2020.
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