La Junta Local de Conciliación y Arbitraje presenta un rezago de atención de aproximadamente 15 mil expedientes, tiene que resolverlos a la brevedad, los y las trabajadoras que exigen justicia y la defensa de sus derechos, esta dilación se presenta no obstante que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el Centro de Conciliación Laboral están en marcha desde el 2020, dijo el abogado laborista Carlos Enrique Martínez Vázquez.
Reconoció que en el pasado hablar de Junta de Conciliación y Arbitraje la percepción era sinónimo de corrupción, ha sido un tema denunciado por muchos años, no solo en Chiapas sino a nivel nacional, el tema es que son salarios muy bajos del personal que no los justifica para hacer actos de esta naturaleza, pero existen muchos temas de esta naturaleza, se hicieron procedimientos administrativos y denunciados ante la Fiscalía General del Estado.
Los servidores públicos de la junta tienen que concluir los asuntos pendientes, no hay pretextos para que no lo hagan, se debe hacer un corte de los asuntos resueltos e invitar a patrones y trabajadores para que vayan a resolver sus diferencias de años a través de la conciliación, mediante convenios en cualquier etapa del proceso, hasta con laudos, subrayó en entrevista en la presentación de su libro “Guía Práctica del Derecho Laboral”.
El nuevo derecho laboral tiene que garantizar el respeto pleno por parte de los patrones y el acceso pleno a la justicia por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, todos los casos deben ser resueltos con justicia en razón y en derecho, sin dilación, sin condiciones y sin pretextos, destacó.
De acuerdo con el abogado, en la mayoría de los casos trabajadores reclaman reinstalación a su centro de trabajo, indemnización constitucional más prestaciones accesoria que deriven de ello, declaraciones de beneficiarios por muerte de trabajadores para que puedan reclamar indemnizaciones que correspondían al trabajador fallecido.
El tema contratos colectivo la Junta de Conciliación y Arbitraje ya no tiene muchos asuntos que ver, como huelgas o titulares de contratos, la nueva justicia laboral se deberá extender en diversos municipios de Chiapas por parte del Poder Judicial, puede ser Tonalá, Comitán de Domínguez, Palenque, Pichucalco, entre otros, con una atención más directa por parte de los jueces laborales, comentó.
Cuenta que el personal ha cambiado, fue seleccionada, reclutado, con exámenes que realizó el Poder Judicial del Estado en el 2020, en Tuxtla Gutiérrez de los tres jueces laborales, dos son mujeres, la aspiración es que todo el sistema de procuración y administración de justicia laboral sea una realidad, expuso.
Enfatizó que Chiapas históricamente no ha sido uno de los estados que haya clamado justicia laboral debido a que por muchos años la justicia laboral se encontraba concentrada exclusivamente en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula, fue a partir del 2015 cuando evolucionó hacia los municipios de Comitán de Domínguez, Palenque, Pichucalco, Tonalá, aparte de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.
Analiza que es a partir del 2015 cuando los abogados empezaron con la necesidad de conocer y emprender procedimientos laborales, antes eran solo civilistas y penalistas, la transición está teniendo una cultura de conocimiento de los derechos laborales y de hacerlos valer, tanto por parte de patrones como de trabajadores, se ve mejores ánimos de conciliación.
Vázquez Martínez dijo que mucho antes del 2015 para los justiciables era muy complicado buscar la justicia laboral, resultaba muy complicado y muy caro el proceso, además de los altos honorarios para los abogados porque se tenían que trasladar desde muchos municipios a Tuxtla Gutiérrez y a Tapachula, la no exigencia de sus derechos para muchos no es que no les interesara sino que no había posibilidad económica.
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