Las comunidades Maya Ch’ol de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua en Chiapas y la ONG Indignación, promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., exhortaron y solicitaron a la Jueza Lucía Anaya Ruiz Esparza, Jueza Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, que otorgue la suspensión definitiva solicitada de los trabajos del Tren Maya, en la audiencia que debe de efectuarse el 29 de mayo.
En un comunicado señalan que “son amplias las razones jurídicas y de necesidades para el bienestar y la salud de la población que existen y que han sido expuestas para que esa suspensión sea otorgada. Son las mismas razones que fueron desatendidas por los magistrados en su ilegal e irresponsable resolución en contra de la suspensión provisional y de la salud de los indígenas demás pobladores de la región.
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Y es que en días pasados los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez, revocaron la suspensión provisional de las labores de construcción del Tren Maya en el tramo Palenque -Escárcega, que en favor de indígenas choles otorgó la Jueza Lucía Anaya Ruiz Esparza, Jueza Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.
Este amparo se presentó con el argumento central del peligro de contagio de COVID-19 que para la población indígena representa esa construcción y fue precisamente atendiendo a ese riesgo que la Jueza otorgó la suspensión.
Sin embargo, los magistrados de ese Tribunal Colegiado revocaron la suspensión con el increíble argumento de que el riesgo para la comunidad Maya Ch’ol constituye un acto futuro de realización incierta.
Para los magistrados la población tendría que estar contagiada para que la suspensión de los trabajos debiera de otorgarse, lo que llevaría al absurdo de que las medidas sanitarias preventivas, en este caso a cargo del Poder Judicial de la Federación, carecieran de sentido, afirman en el texto.
También señalan que los magistrados usan la afirmación de que las autoridades (fundamentalmente Fonatur) dicen que las empresas encargadas de la ejecución del Proyecto Tren Maya han observado las medidas de prevención para sus trabajadores y los pobladores de esa región, consistentes en lavarse las manos con agua y jabón, cubrirse con un pañuelo, o no escupir.
Agregan que estas medidas son inconcebibles, pues “sí con eso bastara para prevenir los contagios, sería suficiente que en cualquier empresa, centro de trabajo o educativo se afirmara lo mismo para que toda la población dejara el confinamiento al que las autoridades de salubridad han inducido”.
Además cuestionan los argumentos de los magistrados “sí para los Magistrados el riesgo de contagio por Covid-19 es un acto futuro de realización incierta, entonces habría que cuestionarles, ¿por qué razón, las sesiones mediante las cuales resuelven los recursos que se les plantean, las resuelven a través de sesiones por videoconferencias, vía remota, es decir, porqué resuelven desde casa si no hay ningún riesgo de contagio?”
Por último señalan que “en realidad, lo que los magistrados defienden a costa de la salud de la población Maya Ch’ol y de otros sectores de la región, es un proyecto presidencial favorable para las empresas constructoras y para el interés de Fonatur”.
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