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A tres días de las elecciones del 6 de junio, los indígenas tsotsiles desplazados el 26 de mayo del ejido Puebla en el municipio de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas, demandan a los gobiernos federal y estatal "la desarticulación de los grupos armados que operan en la región y que mantienen en zozobra a la población".
La representante de las 49 familias y 250 personas, Aracely Cruz López, expuso que se ha impuesto la fuerza de los grupos armados a la fuerza del Estado Mexicano, no obstante que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió públicamente y personalmente a hacer justicia a las víctimas, en un encuentro improvisado en Tuxtla Gutiérrez, antes de que tomara posesión.
Representantes de los desplazados se han sumado a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, ahí Cruz López narró que existen muchas injusticias en contra de las familias indígenas al haber sido despojadas de sus viviendas, de sus tierras, de sus cultivos, animales de traspatio, de su tranquilidad y bienestar.
En esa agresión que sufrieron ella perdió a su padre, Guadalupe Cruz, tras ser agredido por proyectil de arma de fuego, su demanda de justicia ha salido del país ante organismos internacionales pero no ha sido posible la reparación de los daños, el acceso a la justicia, seguridad, paz, retorno a casa y el acceso al derecho humano al bienestar, enfatizó.
"Seguimos exigiendo nuestros derechos, a cinco años de la agresión, no ha sido posible el acceso a la justicia, no nos vamos a callar, queremos una solución de fondo que implica desarticular a los grupos armados que han operado impunemente, los que deberían ser llevados a prisión, como mujer levanto la voz", reiteró Cruz López.
Pidió comprensión a la sociedad que se ha visto afectada por sus movilizaciones debido a que ha transcurrido mucho tiempo sin encontrar soluciones justas, no vamos a dar marcha atrás, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, han quedado a deber a los indígenas desplazados.
"Seguiremos dando la cara contra las injusticias, a pesar de los riesgos a los que los enfrentamos, ojalá que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, procedan con los pendientes, la evaluación de daños y su reparación, la seguridad, la justicia y la ayuda humanitaria, no más injusticia, no más olvido a los más vulnerables".
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