El conflicto en Altamirano, Chiapas, que actualmente sacude la región, tiene sus raíces en la administración municipal que tuvo lugar durante el período 2019-2021, bajo la dirección de Roberto Pinto Kanter, miembro del Partido Verde Ecologista de México. Durante ese tiempo, se acusó a la familia Pinto Kanter de haberse adueñado de la presidencia municipal y se les tachó de caciques, ya que los hermanos Amílcar, Jorge y Roberto asumieron sucesivamente el cargo de alcalde bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Las tensiones se agudizaron cuando la esposa de Roberto, Gabriela Roque Tipacamú, ganó las elecciones en 2021 y asumió el cargo el 1 de octubre de ese año. Sin embargo, su mandato se vio obstaculizado por las tensiones en la región. Los mismos ejidatarios llevaron a cabo actos de vandalismo en la Presidencia Municipal, y el 29 de septiembre retuvieron al exalcalde. Gabriela Roque tuvo que tomar posesión en una sede alterna el 31 de septiembre por la noche.
Finalmente, Gabriela Roque renunció el 22 de octubre después de que su esposo, el ex presidente municipal Pinto Kanter, fuera detenido y privado de su libertad durante 21 días.
El 28 de octubre de 2021, la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado nombró un Concejo Municipal para Altamirano, que asumió sus funciones constitucionales hasta el 30 de septiembre de 2024. El concejo está compuesto por María García López como presidenta concejal, Fernando Gabriel Montoya Oceguera como concejal síndico, Maira Teresa Pérez López como concejal regidora, Cristóbal Gómez Sántiz como concejal regidor y Óscar Gómez Velazco como concejal regidor.
Tras la formación del concejo, la situación pareció normalizarse. Sin embargo, en agosto de 2023, un nuevo conflicto estalló cuando un grupo autodenominado "14 de agosto", vinculado al concejal síndico Gabriel Montoya, comenzó a enfrentarse a ejidatarios descontentos con las obras públicas realizadas en la región.
Desde entonces, se han registrado hostigamientos, incendios de viviendas, cortes de servicios básicos como energía eléctrica y agua, bloqueos y manifestaciones en la cabecera municipal por parte de los ejidatarios, quienes exigen la destitución del Concejo Municipal.
El 10 de octubre, un grupo de 130 ejidatarios se reunió en Tuxtla Gutiérrez con autoridades estatales para buscar una solución al conflicto. Sin embargo, al regresar a Altamirano, fueron emboscados y retenidos 63 de ellos, incluido el comisariado ejidal, Rogelio Hernández Gómez. Las mismas personas involucradas en el conflicto responsabilizan al grupo "14 de agosto" de estos eventos.
La situación en Altamirano continúa siendo tensa, con una historia política convulsa y una serie de desafíos que persisten en la actualidad.
