Los municipios fronterizos con Guatemala se han convertido en territorios de alto riesgo para la labor de las y los trabajadores de la educación, principalmente en municipios de la región Meseta Comiteca, Sierra Mariscal y Soconusco, el problema de violencia es generalizado por el crimen organizado, lo que ha afectado mucho a las maestras, quienes ya han comenzado a solicitar el cambio de trabajo ante la amenaza latente de asesinatos, dijo el abogado del Colectivo Mujeres 40, Virgilio palacios Ríos.
Las docentes han solicitado de manera verbal y escrita el cambio de centros de trabajo a la Secretaría de educación pero no ha procedido, hay una falta de armonización entre las normas especializadas en combatir el tema de violencia de género con la reglamentación interna y la ley burocrática local, de tal manera que se hace “muy torpe” poder gestionar un cambio de centro de trabajo ante eventuales casos de violencia.
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"Se tiene que llevar un juicio que terminará dilatando de cuatro a ocho años, para cuando este concluya probablemente ya las cosas se empeoraron, existe también un proceso de amenaza e intimidación, que pone en riesgo la seguridad, la paz, la integridad y la vida de las maestras".
Comentó que los municipios más complicados para la labor de las profesoras es Frontera Comalapa, el problema más fuerte es en la comunidad Chamic, donde se ha generado un problema también con compañeras de Tapachula que han recibido mensajes de que las van a violar, que las van a matar.
Explicó que la Secretaría de educación tiene conocimiento pleno de estas amenazas pero no ha hecho nada para proteger a las maestras, corresponden a educación básica, educación media superior, desde el 2019 a la fecha, en Chamic se ha generalizado un fuerte temor por los hechos violentos que han cobrado la vida de varias personas, pero para las maestras existen amenazas de que quien no llegue a su centro de trabajo van a ser dadas de baja, por ahora existen 130 amonestaciones en ese sentido en la secretaría de Educación.
Por otro lado, existe en otras regiones del estado un cambio unilateral de los centros de trabajo, compañeras han tenido nombramientos por años y la nueva administración ha decidido cambiarlas de centro de trabajo y para obligarlas a cambiarse de escuela les han retenido su salario, con lo que se viola sus derechos humanos, los derechos laborales, se consuma el acoso laboral y abuso de autoridad.
"Ante esta realidad hemos iniciado trámites ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ante la Coordinación Estatal de Violencia de Género, hemos solicitado amparo ante la justicia federal pero la Secretaría de Educación ha incurrido en desacatos judiciales", puntualizó el abogado.
