El presidente de la Comisión de Movilidad y Transportes del Congreso del Estado, Rubén Antonio Zuarth Esquinca se coincide con el sector transporte en el estado en el sentido de que la modernidad incluye la introducción de las plataformas digitales siempre y cuando sea en el ámbito de la legalidad, “no a la violación del Estado de Derechos”.
Hay que ver al transporte y a una concesión como una oportunidad de vida, un trabajo, un empleo que genere el poder resolver la necesidad de movilidad, un patrimonio, bajo ese sentido, seremos promotores de las nuevas tecnologías para la modernización, así lo hemos dejado claro a los distintos transportistas, pero en La Ley de Movilidad y Transporte y en el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte, es decir, sí a la plataforma pero con concesionarios, reiteró.
El reglamento de abril de este año establece que las unidades del transporte deben modernizarse hacia la colocación de cámaras de video vigilancia, botón de pánico, radio de comunicación, entre otros insumos tecnológicos, pero habría que regular todos los mecanismos que fortalezcan a los transportistas y que impulse la modernidad del servicio pero con seguridad, enfatizó Zuarth Esquinca.
Comentó que la plataforma Uber ha sido aceptada por muchos, pero rechazada por otros, aunque no estaría en la legalidad en los términos de la nueva legislación, habrá que construir acuerdos entre el sector y la Secretaría de Movilidad y Transporte, la responsable de la aplicación de la ley, para que los usuarios tenga el mejor servicio y con base en el marco jurídico con unidades nuevas.
Lee más: Rubén Zuarth se defiende de acusaciones, acatará fallo del TEPJF
Puntualizó que la modernización incluye el ordenamiento de las rutas y el combate de la ilegalidad, no podemos dar marcha atrás para garantizar que el usuario se pueda mover en unidades en condiciones de certeza, un servicio óptimo que sea óptimo, no podemos plantear otro servicios que afecte a la ciudadanía, su seguridad es lo primordial y para ello tiene que haber la aplicación justa de la ley que incluye analizar la viabilidad de un nuevo concesionamiento.
