La elección popular de jueces y magistrados, así como la creación de un Tribunal de Sanciones y la reducción del aparato burocrático en cuanto a privilegios "inaceptables" y las prerrogativas de los juzgadores, fueron las conclusiones a las que llegaron este martes los especialistas, ministros y legisladores que participaron en "Los Diálogos Nacionales, División de Poderes", celebrados en el Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Eduardo Ramírez Aguilar señaló que es importante escuchar a todas las partes y, sobre todo al pueblo, así como considerar aspectos de su aplicación. En este sentido, pidió plantear el tema de la procuración de justicia porque, dijo, es ahí donde le duele al pueblo de México, ya que, mientras se tengan ministerios públicos que no ejercitan la acción penal y haya carpetas de investigación mal sustentadas, seguirán existiendo los mismos problemas.
“Refundemos las instituciones, pero lo hagamos abriendo nuestra conciencia, como lo he convocado en Chiapas, eso nos hace mejores seres humanos y más empáticos con la gente de a pie, con la gente que quiere justicia; ser más empáticos para entender y comprender que México no puede quedar estático, tiene que haber movimiento y reformas, pero debe haber siempre el convencimiento”, puntualizó.
Durante su participación, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynes Potisek, indicó que el Poder Judicial ha excedido su papel como contrapeso, por lo que es necesario revisar el control concentrado para posteriormente modificar la Constitución.
"Me parece que seguir discutiendo este tema, sobre si es correcto o si va a funcionar, es ocioso. Quien piense que el pueblo no va a elegir se equivoca. A partir del primer trimestre de 2025, el pueblo elegirá al Poder Judicial. Lo que debemos discutir es qué se está proponiendo, cómo y cuáles son los requisitos", precisó el especialista.
El abogado también explicó que la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data de 2008. Fue la primera y fue expedida precisamente por grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos. De 1994 a 2001, la jurisprudencia evolucionó para respetar que no cualquier vicio en el procedimiento legislativo invalide una iniciativa o dictamen.
Por su parte, el senador Ricardo Monreal Ávila, entrevistado antes del evento, aseguró que las declaraciones de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, instando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum a sumarse al diálogo, fueron incorrectas.
"El presidente (AMLO) presentó su iniciativa y la Dra. Claudia Sheinbaum no ha presentado ninguna iniciativa. La iniciativa que estamos deliberando y analizando es esta (...). Creo que la presidenta careció de claridad constitucional. Con todo respeto, debió haber solicitado al legislativo entablar un diálogo. Es tarde y la competencia está en el Poder Legislativo. El presidente ya no tiene nada que hacer; cumplió con su deber constitucional al presentar una iniciativa y otras más en un paquete el 5 de febrero. Se equivocó de tribuna y lugar; es el legislativo el que tiene la facultad para aprobar, modificar y deliberar", enfatizó el exsenador.
También mencionó que esta reforma resolverá los problemas del Poder Judicial, el cual atraviesa un momento crítico al haberse distanciado de la sociedad y haberse corrompido, estableciendo redes de tráfico de influencias mediante el nepotismo, lo cual fue discutido en los nueve foros.
Por su parte, Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del Partido Acción Nacional, afirmó que la capacidad de dialogar y escuchar en los foros determinará si esta reforma evitará lagunas e impunidad ante una delincuencia que cada día causa más dolor. "Espero que la virtual presidenta electa honre su espíritu científico y escuche a los especialistas que han dedicado toda su vida al estudio de estos temas".
Además, la ex candidata presidencial advirtió que, de no ser así, grupos de la delincuencia organizada podrían influir en la selección de jueces. "Imaginen una reforma judicial que no ponga en riesgo la reforma jurídica y que no ahuyente inversiones y empleos".
"Quiero dejar claro que estoy abierta al diálogo porque deseo una reforma judicial inteligente y sensata, una reforma que sirva al pueblo, a México. Lo digo de corazón, deseo el éxito de la futura presidenta de México, porque si ella gobierna bien y lo hace para todos, a nuestro país le irá bien", puntualizó.
Gálvez llamó a construir un Poder Judicial capaz de resolver con justicia y rapidez los conflictos que surgen en la vida en sociedad, no solo a nivel federal sino también en el ámbito estatal.
"Sería un error negar que muchos órganos locales de justicia requieren una reforma integral para lograr transparencia e independencia. Una reforma completa del Poder Judicial no puede omitir la necesidad de reformar los poderes judiciales locales, ni puede garantizarse la independencia y autonomía de los jueces federales y locales para cumplir con su deber", concluyó.
Cabe destacar que el próximo viernes se llevará a cabo el quinto foro de consulta sobre la reforma del Poder Judicial, que se celebrará en el estado de Veracruz, donde se espera la participación de legisladores de diversos partidos políticos, así como magistrados y especialistas en la administración de justicia.
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