El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) acreditó violencia política electoral en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo por parte del ayuntamiento del municipio indígena de Chamula en agravio de dos de sus integrantes y ordenó al presidente municipal -militante del Partido Revolucionario Institucional, Juan Collazo Díaz-, así como a los demás miembros del ayuntamiento, garantizar los derechos políticos electorales de los integrantes y se dejan vigentes las medidas de protección decretadas el 24 de enero.
En el juicio TEECH/JDC/02/2022, la regidora y un regidor por el principio de representación proporcional se duelen de sus derechos políticos electorales en su vertiente del desempeño y ejercicio del cargo, debido a que no han sido convocados para tomarles la protesta de ley, no han sido convocados a las sesiones ordinarias del cabildo, ni se les ha proporcionado un espacio en el cabildo para el desempeño de sus funciones.
Si bien los regidores por el principio de representación proporcional no aportaron medios de pruebas sobre tales efectos, se está frente a omisiones o hechos negativos que no son susceptibles de probarse, sus manifestaciones gozan de presunción de veracidad, de ahí que el ayuntamiento ha desvirtuado los hechos, no obra constancia de que haya cumplido con sus obligaciones y les asiste la razón a los regidores, destacó el TEECH.
Los magistrados Gilberto de guzmán Bátiz García, Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera y Caridad Guadalupe Hernández Zenteno determinaron que los argumentos del presidente municipal no se ajustan a la Ley del servicio Civil del Estado y los Municipios al acreditarse la violación de los derechos políticos electorales del regidor y regidoras.
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En el municipio indígena de Mitontic, denuncian usurpación de funciones por parte de Fernando López López, desplazando del cargo a su esposa, Maruca Méndez Méndez, presidenta municipal constitucional, por el partido Fuerza por México, no obstante que ella ha registrado firmas para la fiscalización de los recursos públicos ante las instituciones estatales, que su esposo administraría.
Este es el segundo caso consecutivo de violencia política en razón de género y de usurpación de funciones en Mitontic, toda vez que en el trienio pasado, Manuela Martínez Icó, fue desplazada de su cargo de presidenta municipal postulada por el Partido Verde Ecologista de México, por parte de su esposo Erasto Ordóñez.
Mientras tanto, en el municipio indígena de Altamirano, denuncian usurpación de funciones por parte del concejal síndico, Fernando Gabriel Montoya Oceguera, desplazando de las funciones constitucionales a la presidenta del concejo municipal a María García López, no obstante que a ella le corresponde la rendición de cuentas de los presupuestos públicos ante las instancias estatales.
