La LXVII Legislatura del Congreso del estado aprobó nuevas herramientas a la Fiscalía General del Estado para combatir la violencia en contra de las mujeres, al reformar los artículos 198 y 199 y adicionar las fracciones VI y VII al Artículo 200 del Código Penal del Estado de Chiapas.
A propuesta de la diputada Valeria Santiago Barrientos, vicepresidenta de la Mesa Directiva, el delito de violencia familiar se persigue de oficio, atendiendo a la naturaleza de la problemática que demanda gran interés social y a los índices reportados que durante el primer cuatrimestre del 2019, reportaron mil 805 casos.
La dirección de Tecnologías de la Información y Estadística de la Fiscalía General del Estado, señala que el crimen con mayor incidencia es el de violencia familiar, con seis mil 32 carpetas de investigación iniciadas en el 2018; lo cual derivó en un aumento porcentual del 72 por ciento respecto del año 2017, en el que se iniciaron tres mil 506 carpetas.
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Mientras tanto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, precisa que sólo se acusan el 11.4 por ciento de los abusos, ello deriva en la existencia de una cifra negra con más del 85 por ciento que permanecen en la impunidad, números que generan una alarma constante.
La distribución delictiva general incide principalmente en cuatro municipios de la entidad: Tuxtla Gutiérrez (32.4 por ciento), Tapachula (22.1), San Cristóbal de Las Casas (5.1) y Comitán de Domínguez (3.1), donde el 18 de noviembre del 2016, la Secretaría de Gobernación declaró “Alerta de Violencia de Género” en estos lugares, además de Chiapa de Corzo, Tonalá y Villaflores.
Los orígenes de las conductas que contribuyen a esta situación existen desde hace mucho tiempo, pero han sido normalizados y ocultados por cuestiones culturales e ideológicas, transmitidas de generación en generación, lo que hace más difícil su erradicación.
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