SAN SALVADOR. Al menos 18 personas han fallecido bajo la tutela del Estado salvadoreño durante los poco más de dos meses de un polémico régimen de excepción que busca combatir a las pandillas en el país centroamericano, de acuerdo a una investigación divulgada por Amnistía Internacional (AI).
El organismo, con sede en Londres, agregó que las autoridades han cometido “violaciones masivas de derechos humanos”, entre ellas, miles de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso de los imputados, tortura y malos tratos al interior de los centros de detención en contra personas procesadas por pertenecer o colaborar con las maras.
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De acuerdo con la representante de AI, El Salvador se habría colocado como el país con mayor hacinamiento carcelario del mundo con mil 164 personas detenidas por cada 100 mil habitantes, por arriba del índice de 639 que tiene Estados Unidos.
“Tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y líderes comunitarios concluimos que hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, durante una conferencia de prensa en San Salvador.
A mediados de mayo, se reportó que, en medio del estado de excepción, la fuerza pública detuvo a decenas de inocentes acusados de pertenecer a las pandillas para cumplir con cuotas de capturas impuestas por sus superiores.
“Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18 personas muertas bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción. Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes días”, indicó AI.
Los números se basan en reportes de la ONG centroamericana Cristosal, que señaló que el total de fallecidos son hombres y que algunos murieron por falta de atención médica y otros presentaron signos de agresión, como moretones. Todos fallecieron en hospitales o camino a ellos.
Las organizaciones salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de mil 500 denuncias de atropellos por parte de las autoridades, principalmente por detenciones arbitrarias.
Entre los casos conocidos por AI está el de un adolescente de 16 años que estuvo detenido por 13 días, fue encadenado a una pared, golpeado por policías y que pandilleros con los que compartió celda “le torturaron continuamente”.
Otro caso es el de William González, de 36 años, quien fue detenido en abril pasado junto con su madre y su hermana, y murió bajo custodia de las autoridades.
La organización solicitó al gobierno de Bukele poner fin al régimen de excepción y advirtió que esa política podría dar lugar a responsabilidad penal internacional.
AI y las organizaciones humanitarias salvadoreñas han señalado que los crímenes de las pandillas deben ser juzgados, pero cuestionan que la estrategia gubernamental afecta a personas sin vínculos.
En la víspera, en un discurso por su tercer año de mandato, el presidente Nayib Bukele dijo que su gobierno está a punto de “ganar la guerra contra las pandillas” y cuestionó a quienes señalan abusos y violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia.
El mandatario afirmó que desde el fin de la guerra civil (1980-1992) las pandillas o maras habrían sido las causantes de la muerte de al menos 120 mil personas.
Durante el régimen de excepción, 36 mil 277 personas han sido detenidas: 31 mil 163 hombres y 5 mil 114 mujeres. Es decir, casi casi el 2 por ciento de toda la población adulta del país se encuentra ahora tras las rejas, de acuerdo con cálculos del diario británico The Guardian.
El régimen de excepción, extendido hasta finales de junio, fue aprobado tras una escalada de homicidios a finales de marzo que se cobró la vida de 87 personas.
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