Tuxtla Gutiérrez.- Debido en parte a las nuevas políticas de los gobiernos, durante 2019 en todo el país las acciones de obra pública en algunos sectores cayeron más del 30 por ciento, de acuerdo con el presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM), Aldo Paul Ortega Molina.
Informó que uno de los efectos colaterales de esa situación es la reducción de los planes de infraestructura financiadas por la iniciativa privada (IP). La derrama en obras por parte del gobierno siempre es mayor que la particular, aunque la segundas dependen del actuar de los gobiernos en materia de certeza jurídica.
“Eso es muchísimo porque sabemos que la industria de la construcción es un motor muy importante para la economía”, afirmó.
A ello hay que agregar, dijo, el otorgamiento de recursos públicos a comunidades o poblaciones escolares para que ejecuten trabajos de infraestructura, o bien la deliberación sobre el destino de proyectos de obra pública en consulta improvisadas a mano alza.
Las autoridades no pueden menospreciar el talento y la experiencia de quienes son profesionales en la construcción. Además, con esas modalidades de trabajo comunitario no hay control sobre el dinero y no existe planeación. “Se equivoca en tomar ese tipo de decisiones”, opinó.
Para Ortega Molina, toda acción de obra pública requiere de asistencia técnica y profesional en la proyección, desarrollo y culminación. Al final de cuentas la tecnología -aseguró- sin técnica es infructuosa.
“Esperamos que esto en el próximo año se revierta. Estamos tratando de trabajar de la mano con gobiernos estatales y municipales buscando… cómo podemos ayudarle a generar más y mejores soluciones”, puntualizó.