El anuncio del actual líder de la bancada de Morena en la cámara de diputados, Ignacio Mier, que en septiembre se someterán a votación 18 reformas constitucionales impulsadas por el actual Poder Ejecutivo Federal (PEF), es reiterativo del talante estatista y corrupto que quiere dejar como su modelo de país y legado el presidente AMLO en la Constitución.
Sin duda un salto hacia el pasado y, en el tema de los programas sociales, una vuelta a las políticas paternalistas remasterizadas que los concibe como la Secretaría Electoral del gobierno, con el propósito de mantener a una corriente política en el poder. Era un lugar común decir: “¡La democracia debe ser dirigida… y por nosotros!”
Antes quiero dejar claro que en modo alguno estaría de acuerdo en evitar los programas gubernamentales para apoyar a los más pobres, brindarles oportunidades y un respaldo efectivo para que salgan de la situación de pobreza en la que se encuentran.
Sin embargo dicho propósito debe responder a una filosofía que los haga corresponsables y permita a los mismos beneficiarios a que asuman la conducción de sus propios esfuerzos y la utilización de sus propias capacidades, más como un programa de recompensas que tan solo paternalismo gubernamental.
Tampoco podemos dejar de lado que los programas “universales” como los apoyos a los adultos mayores, prohibir el maltrato animal y la atención a la salud, por ejemplo, son aspiraciones justas y elementales de un Estado de Bienestar. Nadie tendría que oponerse a ellas, siempre que se mantengan dentro de los límites de la racionalidad presupuestal y el respeto a nuestro sistema de vida.
Pero prohibir el comercio de vapedores y de drogas químicas como el fentanilo es una seductora invitación al crimen organizado y a la aparición de, cuando menos, un mercado negro. Y todos sabemos de qué se trata cuando el Gobierno impone una política de restricciones: el surgimiento de un grupo de privilegiados que se enriquecen a la sombra del poder.
Otras son francamente inútiles y no atienden a las leyes del mercado, como la que pretende no permitir que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual y un salario mínimo para campesinos, maestros de educación básica de tiempo completo, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras.
Lo anterior porque en la realidad, muchos de estos empleos tienen salarios mayores al mínimo establecido, lo cual se ve como algo normal en el mundo del comercio, la empresa y la industria. Legislar sobre un salario mínimo en estos aspectos, es promover un tope que podría dar un mayor control a los patrones –incluido el gobierno– sobre pagar salarios por encima del nivel establecido.
Otras reformas, es evidente, pretenden dar un control absoluto al PEF sobre los otros poderes, niveles de gobierno, partidos y la sociedad en su conjunto, como la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos, disminuir el número de regidores en los ayuntamientos, eliminar las candidaturas plurinominales y reducir el Congreso de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores.
Y en este mismo tenor va junto con pegado, que los consejeros y magistrados de los organismos electorales, así como los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, sean electos por voto directo. Sólo el Gobierno tendría la capacidad para influir en esas elecciones y determinar en forma absoluta a los ganadores.
Ante este anuncio del partido que en este momento se siente con todo el poder, conviene recordar lo escrito por Lord Acton en 1887:
“Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre hombres malos, incluso cuando ejercen influencia y no autoridad: más aún cuando sancionan la tendencia o la certeza de la corrupción con la autoridad”. Es el caso.
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