/ domingo 24 de septiembre de 2023

¡Alza la voz! Diputada pide justicia para víctimas de feminicidio y desaparición forzada

Uno de los desafíos cruciales en Chiapas es la falta de cifras exactas sobre desapariciones forzadas y feminicidios

El estado de Chiapas se encuentra en medio de una lucha constante por la justicia y la prevención de la desaparición forzada y los feminicidios. Aunque se han logrado avances legislativos significativos, la compleja realidad de la violencia hacia las mujeres exige un esfuerzo conjunto de la sociedad y una mayor contundencia por parte de la Fiscalía General del Estado, según lo señalado por la diputada local Elizabeth Escobedo Morales.

En su papel como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia Vinculadas a los Feminicidios en el Congreso del Estado, la diputada Escobedo Morales hizo hincapié en que la sociedad tiene todo el derecho de exigir justicia. Existe una creciente insatisfacción y un deseo ferviente de conocer la verdad detrás de las desapariciones, los feminicidios y otros actos de violencia.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La legisladora del partido Mover a Chiapas subrayó que todos los delitos deben ser castigados de acuerdo con la legislación vigente, permitiendo así que tanto mujeres como hombres vivan libres de violencia. La Comisión que preside colabora activamente con la Fiscalía General del Estado en la implementación de protocolos preventivos y en la promoción de la participación de todas las instituciones públicas en acciones de prevención.

Uno de los desafíos cruciales en Chiapas es la falta de cifras exactas sobre desapariciones forzadas y feminicidios. Diversos organismos y colectivos ofrecen números diversos, destacando el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa en Chiapas, que reporta aproximadamente mil 300 personas desaparecidas. Otros colectivos elevan esa cifra a unas 2 mil 131 desapariciones forzadas, atribuyendo esta crisis a la lucha por el control político, la violencia, la persecución y otros fenómenos.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Melel Cojo al AC informan que entre 2018 y 2021 se registraron mil 831 desapariciones forzadas en la entidad, con 183 casos ocurriendo solo en 2019. Del 2022 al 2013, se sumaron otras 300 desapariciones. En contraste, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación reporta solamente mil 031 personas desaparecidas en Chiapas.

El Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas documenta que el problema de las desapariciones forzadas ha afectado especialmente a las mujeres. En 2016, se reportaron 10 mujeres desaparecidas, mientras que en 2021 se registraron 187 casos, sumando un total de 864 casos entre 2016 y 2022.

En el municipio indígena de Pantelhó, se mantienen 18 personas desaparecidas, incluyendo a hombres y mujeres. Estos casos representan un desafío persistente para las autoridades locales.

Puedes leer también: Exigen revelar nombres de personas de la comunidad LGBT+ inscritas en procesos electorales

Además, se reportan 309 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el primer semestre de 2023, con 107 de ellos pertenecientes a comunidades indígenas. Las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas concentran la mayoría de los casos.

La diputada Escobedo Morales subraya que, aunque se han logrado avances en la armonización de la legislación local con la federal en materia de prevención y erradicación de la violencia de género, la unidad de las instituciones públicas y la sociedad civil es esencial para erradicar esta violencia. Destaca la importancia de trabajar juntos desde el ámbito legislativo, los otros poderes del Estado, la sociedad civil y las escuelas, así como dialogar con los hijos para prevenir la violencia.

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La próxima semana, la comisión legislativa llevará a cabo un análisis sobre protocolos preventivos en materia de feminicidios y considerará posibles reformas a diversas leyes. La diputada hace hincapié en la necesidad de denunciar todas las formas de violencia y castigar a los agresores, ya que poner fin a la incidencia delictiva depende de toda la sociedad.

El estado de Chiapas se encuentra en medio de una lucha constante por la justicia y la prevención de la desaparición forzada y los feminicidios. Aunque se han logrado avances legislativos significativos, la compleja realidad de la violencia hacia las mujeres exige un esfuerzo conjunto de la sociedad y una mayor contundencia por parte de la Fiscalía General del Estado, según lo señalado por la diputada local Elizabeth Escobedo Morales.

En su papel como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia Vinculadas a los Feminicidios en el Congreso del Estado, la diputada Escobedo Morales hizo hincapié en que la sociedad tiene todo el derecho de exigir justicia. Existe una creciente insatisfacción y un deseo ferviente de conocer la verdad detrás de las desapariciones, los feminicidios y otros actos de violencia.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La legisladora del partido Mover a Chiapas subrayó que todos los delitos deben ser castigados de acuerdo con la legislación vigente, permitiendo así que tanto mujeres como hombres vivan libres de violencia. La Comisión que preside colabora activamente con la Fiscalía General del Estado en la implementación de protocolos preventivos y en la promoción de la participación de todas las instituciones públicas en acciones de prevención.

Uno de los desafíos cruciales en Chiapas es la falta de cifras exactas sobre desapariciones forzadas y feminicidios. Diversos organismos y colectivos ofrecen números diversos, destacando el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa en Chiapas, que reporta aproximadamente mil 300 personas desaparecidas. Otros colectivos elevan esa cifra a unas 2 mil 131 desapariciones forzadas, atribuyendo esta crisis a la lucha por el control político, la violencia, la persecución y otros fenómenos.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Melel Cojo al AC informan que entre 2018 y 2021 se registraron mil 831 desapariciones forzadas en la entidad, con 183 casos ocurriendo solo en 2019. Del 2022 al 2013, se sumaron otras 300 desapariciones. En contraste, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación reporta solamente mil 031 personas desaparecidas en Chiapas.

El Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas documenta que el problema de las desapariciones forzadas ha afectado especialmente a las mujeres. En 2016, se reportaron 10 mujeres desaparecidas, mientras que en 2021 se registraron 187 casos, sumando un total de 864 casos entre 2016 y 2022.

En el municipio indígena de Pantelhó, se mantienen 18 personas desaparecidas, incluyendo a hombres y mujeres. Estos casos representan un desafío persistente para las autoridades locales.

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Además, se reportan 309 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el primer semestre de 2023, con 107 de ellos pertenecientes a comunidades indígenas. Las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas concentran la mayoría de los casos.

La diputada Escobedo Morales subraya que, aunque se han logrado avances en la armonización de la legislación local con la federal en materia de prevención y erradicación de la violencia de género, la unidad de las instituciones públicas y la sociedad civil es esencial para erradicar esta violencia. Destaca la importancia de trabajar juntos desde el ámbito legislativo, los otros poderes del Estado, la sociedad civil y las escuelas, así como dialogar con los hijos para prevenir la violencia.

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La próxima semana, la comisión legislativa llevará a cabo un análisis sobre protocolos preventivos en materia de feminicidios y considerará posibles reformas a diversas leyes. La diputada hace hincapié en la necesidad de denunciar todas las formas de violencia y castigar a los agresores, ya que poner fin a la incidencia delictiva depende de toda la sociedad.

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