El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denuncia la falta de respeto a los derechos humanos en Chiapas, México, donde la violencia se ha convertido en un medio de control poblacional, político, económico y territorial. En su informe de 2023, se documentan 45 conflictos armados y situaciones de violencia desde 2015 hasta 2022, en medio de una "disputa territorial" generalizada y conflictos sociales.
De estos conflictos, 40 involucraron el uso de armas, 33 de alto calibre, y en cinco casos no se pudo diferenciar el tipo de arma. Los municipios más afectados son San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Chenalhó y Las Margaritas. Las regiones con más casos son los Altos, Simojovel, San Andrés Duraznal, la Selva, el Norte y los Llanos, además de dos situaciones de violencia en la zona fronteriza.
El desplazamiento forzado es una consecuencia recurrente en estos conflictos, con alrededor de 500 personas desplazadas en Chenalhó desde 2016. A pesar de los acuerdos de no agresión, los ataques armados han continuado, con 1,133 ataques con armas de fuego de alto calibre hasta 2022.
Las comunidades más afectadas por la agresión armada y la violación de derechos humanos son Chivit, Tabaco, la cabecera municipal de Aldama, El Coco y Stzelejpetobtik. También se registraron 23 ataques a vehículos en tránsito y 19 a viviendas. En 2017, hubo 5,023 personas desplazadas, y en 2018, 3,858 regresaron a sus hogares. A pesar de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018, el Estado Mexicano ha ignorado la situación de violencia, sin desarticular a los grupos agresores ni realizar investigaciones adecuadas
En Chiapas no hay ánimo de hacer justicia: Servando Cruz Solís
El presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís, denuncia la falta de respeto a los derechos humanos en Chiapas, señalando que la situación en el estado es reflejo de lo que ocurre en todo el país. Destaca la necesidad de un trabajo responsable por parte de diversas instituciones, incluyendo la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el Poder Judicial, ya que parecen priorizar la autoridad sobre la Constitución.
Cruz Solís enfatiza la importancia de aplicar normas que beneficien a los ciudadanos y protejan los derechos humanos, lamentando la falta de este criterio en Chiapas, donde incluso los amparos emitidos por juzgados federales no son respetados.
Critica la falta de colaboración efectiva entre la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, argumentando que sus resoluciones suelen ser suaves para evitar sancionar a instituciones públicas y funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos.
El abogado sostiene que en Chiapas no hay voluntad de cumplir la ley ni de hacer justicia, y que prevalece una protección al poder establecido. Destaca que los abogados a menudo se enfrentan a casos de violación de derechos humanos, especialmente cuando litigan contra el Estado o sus dependencias.
Finalmente, menciona dos casos graves de violación a los derechos humanos en Chiapas: el despojo de concesiones de transporte y la disputa por tierras entre Chiapas y Oaxaca, que aún no han sido resueltos. Estos casos ilustran la persistente falta de respeto a los derechos fundamentales en la región.
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Chiapas una fábrica de delitos: Derechos Humanos A.C
José Manuel Blanco Urbina, presidente de la "Comisión de Derechos Humanos A.C", denuncia que en las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno se cometen violaciones constantes a los derechos humanos en Chiapas. Argumenta que los gobiernos no tienen interés en que la sociedad conozca sus derechos, lo que les permite actuar sin restricciones. Señala que las violaciones ocurren en todas las dependencias, desde municipales hasta federales, en áreas como tránsito.
Blanco Urbina destaca la invención de delitos, incluso homicidios, para encarcelar a personas. Estos casos han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero las reparaciones se limitan a disculpas públicas. Además, critica que no se investiga a los agentes de ministerio público ni a los jueces responsables de estas violaciones.
Afirma que el sistema de procuración y administración de justicia es el mayor violador de derechos humanos en Chiapas. Ningún presidente municipal ha sido llevado ante la justicia por violaciones a los derechos humanos, y la falta de rendición de cuentas y el desvío de recursos públicos también se consideran violaciones.
Blanco Urbina menciona la violación de derechos humanos en el ámbito del comercio informal y señala que no se defiende a los comerciantes debido a la ausencia del Estado de Derecho. Destaca la corrupción en el Sistema Penal Acusatorio y cómo esto lleva a que la gente busque justicia por su cuenta.
Además, señala que los órganos no gubernamentales funcionan como contrapeso ante las instituciones públicas que no protegen a la población. Aborda también el tema migratorio y la condicionante atención a extranjeros por parte del Instituto Nacional de Migración. Por último, lamenta que los derechos de los pueblos indígenas también se vean vulnerados.
Se menciona que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos atendió a miles de personas y tramitó quejas, pero la gran mayoría de los casos ya están concluidos, lo que sugiere un alto número de quejas resueltas.
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