La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre interrupción del embarazo por violación de menores de 12 años de edad es reconocer los derechos de las víctimas, el Congreso del Estado tendrá que homologar la legislación local con la federal, en la entidad la interrupción del embarazo o el aborto está permitido por violación, riesgo para la vida de la mujer y malformaciones congénitas graves, expuso la representante de la asociación no gubernamental defensora de los derechos de las mujeres, Repare, Kyra Núñez de León.
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La representante de la asociación civil Red por la Paridad Efectiva, dijo estar de acuerdo por la Norma Oficial Mexicana 046, que obliga al Estado Mexicano a adoptar medidas que garanticen la interrupción del embarazo en casos de violación de menores de 12 años de edad, sin necesidad de solicitar la autorización de sus padres, un derecho que le asiste a las agraciadas.
Dijo que esta determinación del máximo órgano jurisdiccional país no hace más que reconocer el derecho de las víctimas, era necesario tomar decisiones autónomas respecto de su cuerpo en favor de las menores de 12 años de edad en materia de salud y su proyecto de vida, pero en el caso de Chiapas, habrá que tomar desiciones responsables desde el Congreso del Estado.
Núñez de León enfatizó en cada estado es distinta para diversos temas, incluso el aborto, en la entidad hay muchos temas que no se han querido abordar desde hace varios años, también en materia de matrimonio igualitario, el cambio de identidad, en reconocimiento de derechos de la diversidad sexual, no obstante que existe el mandato de la SCJN.
A su juicio, de Kyra Núñez, las y los diputados de la LXVIII Legislatura Local tienen que abordar estos temas con mucha responsabilidad, para ello habrá que escuchar a los expertos, a los abogados, a los destinatarios de las legislaciones, porque solo atendiendo al pueblo es posible tomar las mejores decisiones.
Una vez que se adecuen las legislaciones locales con la determinación de la SCJN, las instituciones públicas del sector salud tendrán que garantizar la atención médica integral a las víctimas para hacer valer este derecho, insistió.
