La presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del Congreso del Estado, Floralma Gómez Santiz, expuso que a la infancia se tiene que atender de manera integral, no pesar que por que no votan deben ser excluidos, la infancia podrá no saber de sus derechos, pero los adultos tenemos la obligación de hacerlos valer, incluyendo la salud mental y emocional.
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México, expone que se ha presentado la iniciativa de ley para garantizar el derecho de las niñas y adolescentes a una menstruación digna en el sector educativo y de salud, ello implica que tener una correcta gestión menstrual, contar con agua, productos o insumos idóneos de manera gratuita, a partir de los diez años de edad.
Otro elemento que ha planteado para proteger los derechos de la infancia el hacer frente a la violencia vicaria, que tiene que ver con procurar el interés superior de las infancias, o niñas, niños y adolescentes, pendiente de dictaminar está la iniciativa de Ley Ingrid para no revictimizar a las víctimas de feminicidio, pendiente la propuesta de sustracción de menores, todas tienen que ver con reformas al Código Penal y Civil para el Estado de Chiapas, que plantea la custodia de hecho a través de los abuelos.
Ha sido aprobado un exhorto a los Ayuntamiento para la gestión comunitaria del agua y garantizar el objetivo seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Mientras tanto, la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, vocal de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado enfatizó que la protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes no tiene que ver con la necesidad de crear otras leyes en Chiapas, si no de aplicar las que existen, en el país el mandato es la Ley Género de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, y en el estado la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, para la protección para hacer valer el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a sus derechos humano y al desarrollo, lo que tenemos que hacer es aplicarla, porque lamentablemente en muchos casos no se aplica.
La legisladora es también vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia, y considera que la infancia es el sector que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad social, las condiciones de marginación y pobreza en el medio rural hace que los padres incorporen a temprana edad a sus niños y niñas a realizar algún trabajo para contribuir con la economía del hogar, con lo que se consuma la explotación laboral y la negación del derecho a la educación.
Otro escenario, de acuerdo con la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) es que a la vez que se niega el derecho a la educación en las zonas rural, mayormente en las zonas Indígenas, también se limita el derecho a una buena alimentación, a la atención integral a la salud, a sus derechos humanos y a su desarrollo, negándole a la infancia el acceso a una vida plena.
Según la legisladora, las dependencias como Educación debería garantizar el acceso pleno y gratuito a la educación de los niños que ahora son trabajadores, habría que localizarlos, municipio por municipios, saber quiénes son, sensibilizar a sus padres, e incorporarlos a las escuelas, obviamente con el acceso pleno gratuito a la alimentación ya sea en las propias escuelas o en sus casas en sus lugares de origen, con el seguimiento de la atención a la salud, a la alimentación de calidad.
Plantea una estrategia de sensibilización a la sociedad, a los padres de familia, a las comunidades indígenas, para que se puedan retirar a sus hijos del trabajo e incorporarlos a las escuelas, por ahora no se saben cuántos son, quienes son, las localidades y municipios, sus padres pero es posible con la aplicación de la ley el garantizarles el ejercicio de sus derechos a plenitud.
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